Oscar D. del Río Serrano
El próximo 5 de diciembre a las 11 am (horario de París, Francia), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) dará a conocer los resultados de la octava edición del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) y se viene una semana de titulares en materia educativa con rankings y comparaciones polémicas e infructuosas.
Ciertamente PISA permite compararnos con otros países; así como voltear a ver qué políticas o programas están implementando otros y cuáles han tenido buenos resultados, no para exportarlos, sino para estudiarlos y recolectar lo que puede contextualizarse en nuestro país. No obstante, más allá de la estridencia mediática, los resultados de PISA deberían tomarse como un insumo, una aportación, que combinada con la información generada por el propio país, a través de sus diversas instituciones como la SEP, Mejoredu, INEGI y CONEVAL, nos ayude a generar propuestas para dos objetivos fundamentales: i) garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de este país, y ii) cumplir el compromiso internacional y constitucional de que esta educación sea de excelencia y en condiciones de equidad.
Vayamos por pasos. PISA es una prueba trienal que evalúa a jóvenes de 15 años en tres ámbitos: lectura, ciencias y matemáticas, pero no con base en el currículum, sino que recoge información sobre actitudes, motivaciones, habilidades para resolver problemas y competencias consideradas esenciales para la vida adulta, considerando el entorno globalizado de la sociedad del conocimiento.
PISA incluye un cuestionario contextual para explorar las relaciones entre el desempeño educativo y las condiciones de desarrollo en las que se desenvuelven los jóvenes, con el fin de analizar esta información para el diseño de políticas públicas. La primera vez que se aplicó en el año 2000, participaron 41 países -entre miembros de la OCDE e invitados- y 265,000 alumnos; cifras que se fueron incrementando con cada edición. En 2022, se evaluó a 690,000 estudiantes de 81 países.
Cabe mencionar que la OCDE decidió postergar esta última prueba PISA del 2021 al 2022 y la siguiente, a 2025 para visualizar las consecuencias que tuvo la pandemia covid-19. Por su parte, en México hubo un fuerte debate sobre si debíamos o no continuar aplicando la prueba, el cual fue zanjado con la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que se participara y con la decisión de la SEP de darle la responsabilidad de la aplicación al Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL). Recordemos que PISA era aplicada por el extinto INEE, del cual nació la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Dado que se conservó al personal que se ocupaba de dicha prueba, considero que Mejoredu no debió soltarla pues cuenta con toda la capacidad y expertise para su aplicación.
Un dato importante que debemos rescatar de los hallazgos de la edición 2018 es que, si bien las variables contextuales de los alumnos son un predictor de desempeño en la prueba, su influencia en otros países es mayor que en México, lo que podría explicarse gracias a la “resiliencia académica” que presentan las y los estudiantes mexicanos: uno de cada diez jóvenes en desventaja se posicionó en el nivel más alto de puntaje en lectura en su país. El cuestionario de contexto conduce a pensar que factores como el apoyo de las familias, ambientes escolares positivos y el fomento a una actitud de superación son también determinantes para el desempeño de los jóvenes.
Son este tipo de datos y análisis los que, junto con los resultados -por ejemplo- de la Evaluación Diagnóstica para las Alumnas y los Alumnos de Educación Básica 2022-2023 de Mejoredu, tendrían que llevarnos a desmenuzar qué elementos importan para impulsar el desarrollo integral de las infancias a fin de construir programas educativos sólidos, que no respondan a ocurrencias, sino a evidencia.
Países como Alemania, Dinamarca, Japón y Reino Unido han promovido políticas públicas de diversas magnitudes, aprovechando la ventana de oportunidad tras los resultados de PISA para promover reformas legislativas y administrativas. Tras la primera prueba PISA, en Alemania hubo un intenso debate, causando el “PISA shock”, pues se esperaban mejores resultados. Se impulsaron y aprobaron entonces una serie de reformas en materia educativa, incluyendo el establecimiento de estándares nacionales para los gobiernos locales y mayor apoyo para los estudiantes desaventajados, especialmente aquellos de origen inmigrante.
Más allá de brindar datos para validar o no el rumbo de la política educativa, PISA genera información valiosa para que los gobiernos consideren en el diseño de sus planes y programas. Tan es así que en el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 (DOF, 6/07/2020), se incluyen varios parámetros vinculados al porcentaje de estudiantes que obtienen al menos el nivel de dominio básico en PISA, en matemáticas, lectura y ciencias, desagregado por sexo. Asimismo, varios programas sectoriales de entidades federativas han tomado en cuenta indicadores basados en los resultados de esta evaluación.
En suma, independientemente del deber programático para considerar los resultados de PISA, debemos procurar alejarnos de las comparaciones poco útiles. Es válido aspirar a contar con sistemas educativos como el de Finlandia, pero nuestros contextos políticos, culturales o sociales no se asemejan. Lo que puede ser provechoso es compararnos históricamente con nosotros mismos. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Qué nos falta para seguir en la ruta de la equidad y la inclusión educativas? ¿Cómo nos afectó la pandemia? ¿Nos impactó más o menos que al resto de los países en condiciones similares? ¿Nuestro sistema educativo demostró resiliencia? ¿Qué podemos aprender de los demás países latinoamericanos? Esas son las preguntas que valen la pena para no fallarles a las y los estudiantes.
