El 5 de febrero, trascendiendo actos protocolarios y de relumbrón para celebrar al vacío el aniversario de la Constitución, el Presidente de la República presentó una propuesta de 20 medidas que implican importantes modificaciones constitucionales. Indudablemente, se trata de una estrategia política en la coyuntura electoral para evidenciar la actitud regresiva de la derecha de frente a la ciudadanía y agitar el voto por la consolidación de una mayoría efectiva en la siguiente legislatura; pero también para trazar la ruta legislativa y del proyecto de gobierno transexenal de la Cuarta Transformación.
La propuesta presidencial, en tanto estrategia político-electoral, genera la posibilidad de hacer cambios sustantivos para ampliar los derechos del pueblo mexicano, recuperar parte de la soberanía nacional y crear mecanismos democráticos, tanto de participación ciudadana como de elección de los órganos de gobierno. Esto nos coloca ante un deber cívico y pedagógico en las escuelas, cuestionador de aquellas prácticas cotidianas que no escapan a rituales de la educación laica, aunque con sentido canónico.
Ejemplo de lo anterior son los periódicos escolares, muchas de las veces adornando las paredes sin hacer interacción formativa con el alumnado y sin mediación de estrategias didácticas de aprendizajes críticos. Lo mismo sucede con las efemérides semanales en los actos de culto patriótico, que se repiten sin resonancia cognitiva en el interés de las comunidades educativas, haciendo eco de la solemnidad conservadora, como si el devenir histórico de una nación se resumiera en la cronología de hechos intocables sucedidos monótonamente sin resaltar proyectos políticos en pugna, aspiraciones sociales ni conflictos de clase que dan significado a los procesos emancipatorios del pueblo ¿Qué sentido tiene la reproducción canónica de estas prácticas escolares?
La formación cívica que no convierta aulas, patios y muros de la escuela en espacios de construcción sustantiva de una ciudadanía crítica y protagónica, que se haga valer a través del análisis argumentado y la participación efectiva de las comunidades de aprendizaje en los ámbitos democrático horizontales, tanto en asambleas escolares como comunitarias, para la defensa concreta de los derechos sociales, humanos y del territorio, puede nombrarse de cualquier manera, menos formación cívica.
En la escuela se expresan las contradicciones macrosociales de ciudadanías asimétricas. Por ejemplo, es recurrente que las alumnas disputen el uso de las áreas deportivas con los niños y jóvenes, pero esto es una oportunidad pedagógica de muchas otras posibilidades para dar sentido a sus necesidades, cuestionando desde el debate cómo la cultura patriarcal ha naturalizado el uso de los campos para el disfrute y recreación, casi exclusivos o de prioridad para los hombres, especialmente en deportes como el futbol, identificados con la virilidad machista, el alcoholismo y el mercantilismo de los cuerpos.
Es aquí donde los aprendizajes críticos, construidos en diálogo para un currículo emancipador in situ, se deberían orientar a la recreación de nuevos sentidos comunes, nociones, conceptos y consensos, en los que impere la equidad de género, la convivencia democrática y la toma de conciencia sobre el derecho humano de todas y todos al desarrollo integral del cuerpo físico diverso y la racionalidad con ética política, pero también al disfrute del ocio (en un sistema en el que producir y consumir lo es todo) en ámbitos sanos, libres de prejuicios y toxicidades.
Por supuesto, la escuela y su cotidianidad no agotan las potencialidades de una formación cívica crítica; sin embargo, en ella se pueden y deben abordar los otros territorios de participación, diálogo y construcción de nuevas coordenadas para la ciudadanía formada en la autodeterminación. Por tal razón, el estudio, análisis y debate argumentado sobre las propuestas de reformas constitucionales en puerta, tiene que ser parte del quehacer educativo de los maestros con los alumnos y las familias porque el currículo es diálogo permanente con la realidad concreta y los intereses comunes de la sociedad en un momento histórico vivo, que no es, está siendo.
Las iniciativas de reforma en referencia son un dique parcial al avance de las derechas, pero no podemos permitir que acoten a las izquierdas en los límites de participación partidista y la coyuntura electoral; si bien son aceptables y necesarias, faltan demandas centrales del pueblo y en ciertos casos han sido mutiladas las propuestas originales: pensiones al ciento por ciento, pero con topes muy bajos, sin volver al régimen solidario de la Ley del ISSTE ni tocar las UMA; aumentos salariales inequitativos a los trabajadores de la educación, manteniendo medidas de competencia individualista y sosteniendo el régimen de excepción laboral creado por los gobiernos neoliberales; reconocimiento a los pueblos originarios, limitando su facultad de representación política, sin permitirles el control sobre su territorio.
Este deber cívico y de formación es también tarea de sindicatos y organizaciones sociales, que no sólo están obligados, en clave de las izquierdas, al análisis coyuntural, también a interpelar a los órganos de gobierno sobre las insuficiencias de sus iniciativas, a ocupar los debates nacionales invadidos por los personeros de las burguesías conservadoras y generar las condiciones de la movilización popular para ampliar y radicalizar la agenda legislativa, así como las directrices del gobierno transexenal.
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