El informe de resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública 2022, a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), contiene un reporte sobre el gasto ejercido por el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (OCUBBJG). Se trata de una “auditoría forense” que, según la definición de la ASF, consiste en “la aplicación de una metodología de fiscalización que conlleva la revisión rigurosa y pormenorizada de procesos, hechos y evidencias, con el propósito de documentar la existencia de un presunto acto irregular.”
En ella se examina la administración de recursos en los conceptos de subsidios, ayudas sociales y servicios generales, que integran los capítulos de gasto relacionados con la operación del proyecto de educación superior concebido como “prioritario” por la actual administración gubernamental. El ejercicio de fiscalización examinó, en su totalidad, el capítulo 3000 correspondiente a “servicios generales”, al que corresponden 5,064.9 miles de pesos, y se desglosa en servicios básicos, servicios de arrendamiento, servicios profesionales, científicos, técnicos y otros, servicios de traslado y viáticos, así como otros servicios generales. Este capítulo compete directamente a la administración de la coordinación general.
Del capítulo 4000 (transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas), la auditoría consideró los rubros de “subsidios y subvenciones”, que corresponde al gasto en infraestructura de las sedes, y el de “ayudas sociales”, que contempla el pago al personal docente y administrativo para la operación de las sedes. Sobre las erogaciones para la construcción y equipamiento de las instalaciones, se tomó una muestra: fueron visitadas y auditadas 29 de las 145 sedes, en las cuales se ejercieron 184,064.8 miles de pesos, es decir el 32.2% del monto total autorizado en este concepto (570,792.5 miles de pesos). En cambio, la auditoría sobre las “ayudas sociales” evaluó la totalidad del gasto devengado: 448,523.1 miles de pesos.
Luego de la revisión, el dictamen de la ASF es bastante crítico. Se concluye ahí que “en términos generales, el OCUBBJG no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”. En materia de control interno, “se detectó que el OCUBBJG carece de manuales de organización y procedimientos, no cuenta con controles para acreditar el ingreso y salida de los materiales y recursos públicos federales de las sedes educativas; verificación y validación de los documentos presentados por los aspirantes a fungir como personal docente y administrativo; y falta de evidencia de la comunicación y supervisión.”
En réplica a las observaciones sobre el déficit de control, el organismo coordinador argumentó, luego de la presentación de las primeras observaciones de auditoría, que la elaboración de manuales, guías y sistemas de control interno estaba aún en proceso de elaboración, y que próximamente se contaría con ello. Sin embargo, como no fue entregado un proyecto o propuesta para esa normativa, la ASF determinó que las recomendaciones de mejora persisten en los mismos términos.
La revisión de cuentas arroja resultados más preocupantes, ya que se identifican pagos improcedentes, así como transferencias no autorizadas entre partidas. Entre los primeros destaca el arrendamiento de las oficinas centrales (447.1 miles de pesos) y el de un inmueble en la Ciudad de México (1,100.3 miles de pesos). Sobre las transferencias se indica “el pago a dos personas físicas (550.2 miles de pesos y 1,900 miles de pesos), efectuados con recursos del capítulo 4000, que corresponde a la nómina docente y administrativa y no a los servicios generales.
En cuanto a los gastos de infraestructura, equipo y suministros se reporta que “no se presentó la totalidad de documentación justificativa y comprobatoria sobre el ejercicio del recurso público federal de 19 sedes (de las 23 evaluadas), por un monto total a comprobar de 46,110.7 miles de pesos. Los auditores revisaron con detalle las cuentas en cada una de dichas sedes y detectaron diversas irregularidades, en varios casos falta de recibos o comprobantes de los gastos por servicios y materiales. El informe completo, de poco más de cien páginas, reporta caso por caso esta problemática y concluye con una observación sobre la inadecuada supervisión y control del ejercicio de gasto en estos rubros.
Tómese en cuenta que solo se revisó una tercera parte de las sedes existentes en 2022, lo que significa que el monto a comprobar podría ser considerablemente superior al reportado en esta auditoría.
Por último, sobre el concepto de gasto en la partida 4400, correspondiente a la nómina, “se se identificó que fue ejercido el monto de 448,676.5 miles pesos, monto mayor al reportado en la Cuenta Pública por 448,523.1 miles de pesos, lo cual difiere por la cantidad de 153.4 miles de pesos.” También que a 26 docentes y 75 administrativos se les pagó el monto total de 17,320.4 miles de pesos “sin haber cumplido con los requisitos de las convocatorias emitidas por el OCUBBJG.” Al respecto se reportan los casos de profesores y administrativos que no cumplían el requerimiento de título o grado académico solicitado que había sido publicado en la convocatoria correspondiente.
Así pues, concluye la auditoría: “Se determinaron 66,981,578.81 pesos pendientes por aclarar.” Esta cifra corresponde a poco más del 10% del gasto auditado, aunque quizás lo principal es la evidencia de mecanismos débiles e insuficientes para la administración de los recursos y el control de riesgos. Si se decide la prevalencia del sistema de universidades para el bienestar, que ha sido cuestionado en varios otros aspectos, el tema administrativo merece especial atención.
