La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha acatado una orden del Juzgado Tercero de Distrito para garantizar la aplicación de la prueba PISA en México en 2025, según el resultado de un amparo presentado por la organización Educación con Rumbo, que reveló que la SEP está en proceso de pagar 181,000 euros a la OCDE para la realización de dicha prueba.
Sobre ello, Óscar del Río, comisionado de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), celebró esta decisión, destacando que ello confirma la participación de México en PISA tras la afirmación del presidente AMLO de que el país formará parte de esta evaluación internacional. La prueba PISA, que se aplica a estudiantes de 15 años, es crucial para medir el rendimiento académico en matemáticas, ciencia y lectura.
Del Río explicó que el próximo paso es la realización de una prueba piloto en septiembre, con la presentación de resultados en octubre. Sin embargo, reconoció los desafíos logísticos debido a la proximidad del cierre del ciclo escolar y el inicio del periodo vacacional.
“Aún no se ha determinado quién administrará la prueba PISA en México, ya que podría ser la SEP, Mejoredu o Ceneval”, explicó, enfatizando que todas las instituciones tienen la capacidad técnica para llevar a cabo esta tarea, pero subrayó la necesidad de una rápida planificación para cumplir con los plazos.
El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz Gómez señaló que el cumplimiento de la suspensión definitiva por parte de la SEP refuerza el Estado de Derecho y salvaguarda el derecho a la educación de los niños en México. Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de Educación con Rumbo, invitó a la SEP y al equipo de transición de la virtual presidenta electa a trabajar de manera coordinada en el diseño del Programa Sectorial de Educación 2024-2030.
Mientras tanto, se espera más información de la SEP para esclarecer el panorama y asegurar una implementación efectiva de la prueba PISA en el país.
