Reformas a la mexicana, resultados previsibles. Después de aprobada la reforma educativa se convocó a la participación social para “revisar el modelo educativo”. El mensaje político y pedagógico es múltiple, diverso, contradictorio. Cada cual lo interpretará a través de sus cristales.
Participar es un derecho y una obligación en sociedades democráticas. ¡Hay que participar! parecería el primer imperativo ante la convocatoria. La historia, vieja maestra que prodiga enseñanzas a quien abre ojos y oídos, nos indica que casi nunca (no me atrevería a escribir “nunca” porque se me podría escapar algún momento luminoso y singular) la participación social en este tipo de foros sirvió para algo más que rellenar cajas de archivo y adornar discursos o documentos.
¿Alguien puede asegurar que sirvieron de algo las miles (más de 60 mil para algún programa sectorial) de ponencias que se presentaban apenas unas semanas antes de dar a conocer los programas nacionales en la materia?
A mí, que no me gustan las modas ni la demagogia, me surgen preguntas. Apunto algunas: ¿por qué ahora sí será tomada en cuenta la participación en los foros? ¿Quién puede garantizar que será valiosa y considerada? ¿Por qué vamos a creer en ellos, los organizadores, los mismos que durante años y años afinaron estos intrascendentes mecanismos, monumentos de la demagogia nacional? ¿Por qué creer a quienes hicieron de la participación un acto vacío?
Para que no acusen de seguir mirando al pasado, actualizo los cuestionamientos: ¿por qué ahora sí contaría la participación y por qué la despreciaron cuando debía discutirse la reciente reforma constitucional? ¿Por qué antes se cerraron a la participación, aplastaron la crítica y enfrentaron a un sector de la sociedad, incapaces de neutralizarla políticamente? ¿Por qué ahora las poses democráticas? Las respuestas a las preguntas, a esas y otras, no son intrascendentes en el propósito de mirar con otras perspectivas al futuro. No existe el borrón y cuenta nueva cuando hay culpabilidades manifiestas.
Participar en la educación por mandato gubernamental ha sido usualmente utilizado contra el profesorado, para encerrarlo cada vez más en marco restringidos, inspirados en lógicas burocráticas; para que las escuelas sean disfrazadas con otros discursos, algunas adornadas con nuevos artefactos, pero su organización y los procesos sustanciales permanece intocados y acentuados en sus defectos.
El mejor ejemplo de estas aberrantes formas de participación que inventó la burocracia nacional en las universidades es el PIFI, Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, la estrella polar que orientó –y sigue- el rumbo de la presunta distraída educación superior desde el primer sexenio panista, como resultado de un largo proceso que habían iniciado los que hoy la retoman.
El PIFI es un ejemplo inmejorable de que participar también es distraer, ocupar en lo insustancial, burocratizar, esclerotizar, vaciar de sentido, cansar a las comunidades, asfixiar a los directivos. Participar, pues, no es un verbo neutral o incuestionable, depende de qué tipo, para qué, en qué momento, sobre qué, con quiénes y cómo.
Los foros nacionales me parecen una estrategia fuera de tiempo, que salió de la chistera para avanzar en el intento de modernización bajo el signo del reduccionismo y la improvisación, y con el soporte del empobrecido discurso dominante que fraguó la lógica neoliberal en el mundo educativo. ¿Cuál es el modelo educativo que se va a revisar? ¿La convocatoria habla de “el modelo educativo” en la educación básica, media superior y normal? ¿Es el mismo? ¿Por qué no está el modelo educativo o los modelos educativos en los “documentos base” del sitio oficial?
Las preguntas que debe responder la consulta, según comunicado de la SEP del 14 de enero, son: “¿quiénes educan?, ¿cómo lo hacen?, ¿con qué instrumentos y herramientas?, ¿quiénes son los responsables de los logros educativos?, ¿cómo se evalúan los logros educativos?, entre otras”. La discusión sobre un “modelo educativo” y esas preguntas no son irrelevante (aunque las preguntas, si no es mucho pedir, podrían tener un mayor nivel de raciocinio), pero hay otras que son previas, que debieran emprenderse si se trata de transformar el sistema educativo y no solo de revolcar a algunos de los personajes políticos e insistir en las prácticas de evaluación.
Habría que discutir todos los componentes del sistema educativo como los define la Ley General de Educación, entre otros, además de los profesores y estudiantes, a las autoridades y a la enseñanza de los particulares. A los segundos, que con la complacencia gubernamental en muchos casos ofrecen educación chatarra, y a los primeros, que durante décadas condujeron el sistema educativo por el destino que hoy nos tiene sumidos en ese estado crítico que ellos denuncian en los estudiantes y profesores. Ellos, quienes toman decisiones, son los responsables de las grandes políticas, de los programas fallidos y costosos, de los desaciertos, del desfinanciamiento crónico e improductivo, de decidir quiénes ocupan los puestos de mayor relevancia que se reparten por méritos políticos y lealtades personales. Y los medios de entretenimiento, los monopolios televisivos en especial, debieran ser objeto de escrutinio por su inocultable impacto en la formación de los niños y en la “educación sentimental” (si permiten la expresión) de la sociedad.
Cuando una nave se hunde, el capitán es el primer responsable y quien primero debe enfrentar el juicio. Acá, los capitanes juzgaron ya y decidieron que la tripulación y los pasajeros (profesores y estudiantes) son los culpables y deben expiar culpas con un castigo basado en evaluaciones, evaluaciones y más evaluaciones.
Si se trata de participar para eso, nomás por participar, mi mensaje (que no voy a repetir para no agraviar castas y castos) es el mismo que le recetó Arturo Pérez-Reverte al gobierno español y sus políticas.
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