“El Ojo ciudadano”, iniciativa conformada por cien organizaciones de la sociedad civil para observar y dar seguimiento a la instrumentación de la reforma educativa, señaló que los resultados definitivos del censo educativo nacional pueden ser un esfuerzo inútil si sus resultados “no se traducen en mejores políticas públicas en materia educativa, si no se transparenta y corrige el modo en que se gasta y si no se refleja todo esto en un mejor aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes de México.”
A la luz de los resultados del censo educativo, “los datos que durante mucho tiempo estuvieron disponibles para la sociedad fueron una simulación; muestran un desorden generalizado, pues hay 39 mil 222 plazas docentes que estando asignadas a un centro de trabajo, los encuestados declararon no conocer a quienes las ostentaban”, destacó el Ojo Ciudadano, tal como lo dio a conocer el día de ayer Educación Futura.
En un comunicado, esta organización subrayó que hay en el sistema educativo mexicano 30 mil 695 comisionados o con licencia, 113 mil 259 ubicados en “otro Centro de Trabajo” que no son escuelas; 114 mil 998 que ya se jubilaron, se retiraron o fallecieron.
Adicionalmente, hay 23 mil 540 docentes que trabajan en tres o más centros de trabajo; 138 mil 485 que tienen tres o más plazas mientras que 65 mil 800 no tienen plaza. Además, el censo nos muestra que por cada dos plazas docentes frente a grupo hay una plaza administrativa o de quien, recibiendo sueldo del presupuesto educativo, no está frente a grupo, abunda el comunicado.
“Ello da cuenta una atroz ineficiencia en el manejo de los recursos, lo que mina significativamente la calidad de la atención en las escuelas y representa una sobrecarga injustificada de trabajo para los maestros que sí están frente a grupo”. Finalmente, el censo evidencia que año con año se “han desviado cantidades multimillonarias de dinero para sostener aparatos que beneficiaron al régimen, a cúpulas sindicales y a la clase política en turno, por encima del derecho de los niños a aprender”.
En materia de infraestructura, el Censo presenta datos desoladores de las condiciones de las escuelas públicas de nuestros niños. A pesar de las masivas transferencias de dinero en materia educativa, es claro que ese dinero no está llegando a las escuelas. Por ejemplo, el censo señala que hay 2 mil 241 escuelas públicas hechas de materiales ligeros y precarios; 14 mil 444 sin pizarrón en todas las aulas; 36 mil 264 escuelas sin agua de la red pública o de un pozo; 20 mil 152 escuelas sin sanitarios; 81 mil 718 sin drenaje; 18 mil 564 sin energía eléctrica; 45 mil 837 sin áreas deportivas o recreativas; 125 mil 552 sin teléfonos; 123 mil 511 sin conexión a Internet; 96 mil 310 sin rampas para personas con discapacidad; 100 mil 007 no disponen de señales de protección civil y 83 mil 566 no disponen de salidas de emergencia.
Lo anterior constituye para esta organización “un crimen que fue irresponsablemente solapado por las autoridades con la complicidad de una sociedad que lo ha permitido”.
La información que arroja el censo es valiosa y deberá de servir de insumo para la instrumentación correcta que se prevé del pago de la nómina magisterial a partir del próximo año cuando se ponga en marcha el FONE. Esta información tiene que complementarse con el detalle de las plazas financiadas con recursos estatales y las prestaciones que recibe el magisterio, para llevar a buen puerto el nuevo esquema de pago de la nómina magisterial.
Por ello, es indispensable que a la brevedad comience a funcionar en todo el país el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) de forma fiable, transparente, abierta y pública para que no se despilfarren los recursos como en el pasado y para que puedan tomarse decisiones de política educativa de manera certera y eficaz con la correspondiente vigilancia ciudadana.
En materia de infraestructura, “es urgente y de elemental justicia que las mejoras comiencen de inmediato en aquellas escuelas de las zonas urbanas y rurales que más lo necesitan”. Al mismo tiempo, el censo debe dar pie a una profunda reestructuración de las funciones docentes y administrativas que redunden en un mejor uso de los recursos y una mejor atención a los niños, abundó esta OSC.
