“La razón se impone a los oídos sordos. Si no escuchan, con acciones fuertes y decididas tendrán que escuchar”… Profr. Jesús Francisco Villanueva Robles
No hace falta ser un genio para advertir que existe un fuerte descontento en el ámbito magisterial, se percibe en las redes sociales, en las charlas de pasillo, al interior de las escuelas y en las pláticas familiares, y, de manera más tenue en los medios masivos de comunicación.
Si algo es evidente, es que existe un gran problema en el sistema educativo nacional, lamentablemente, la mal llamada Reforma Educativa, nada tiene de educativa, es una reforma laboral en la que luego de casi cuatro años de su implementación, apenas se tocan los planes de estudio, que quedan en promesas de métodos pedagógicos, así como de planes de formación de maestros que ahora se abren a las universidades, dejando de lado a las Escuelas Normales. Por el contrario, la acciones que hemos visto en los hechos y no en las palabras, tienen como fondo evidente, la implementación de una política neoliberal de adelgazamiento del estado en el que se está convirtiendo una profesión que desde finales del siglo XIX es considerada de Estado como lo es la del magisterio, a partir de las reformas a la legislación educativa recientes, en una profesión liberal, en donde cualquier persona, con cualquier preparación, puede enseñar y convertirse en maestro, sin ninguna preparación sobre el crecimiento psicológico, social, biológico o pedagógico de los niños.
A lo largo de la discusión que se ha generado en el sector educativo frente a la postura oficialista que ha intentado de todo para imponer una reforma laboral, poco a poco se han ido descubriendo los verdaderos intereses que le dan vida y soportan las acciones, en donde por más que se ha intentado explicar que no tiene un fondo laboral, la realidad desenmascara lo que en verdad sucede y como un ejemplo, el estado de Chihuahua.
Frente a las acciones que se han venido desarrollando en el marco de la exigencia del respeto a las conquistas sindicales ante el gobierno del Estado, sobresale entre el murmullo de mensajes y respuestas mediáticas otorgadas por la autoridad estatal, que se continúan reteniendo y generando largas a los acuerdos desarrollados a lo largo del tiempo con muy diferentes administraciones sindicales, bajo el pretexto de que dichos acuerdos, que no necesitan ser ratificados año con año, “ya no son compatibles” con la reforma educativa.
Gracias a la limitada visión educativa de la administración gubernamental, este ciclo escolar empezó como ningún otro en este sexenio: sin ninguna disposición de apertura a “todos los estudiantes” en el nivel medio superior y superior, con más de 200 maestros faltantes en primaria y preescolar, escuelas cerradas por padres de familia por ausencias de personal, hacinamiento en grupos de hasta 75 estudiantes como está documentado en la secundaria Técnica 98 en Ciudad Juárez, con carencias de mobiliario o infraestructura, con más de 3500 estudiantes sin clase en la Región centro sur, así como fuertes confrontaciones por el incremento de los horarios en preescolar.
Ejemplos de perjuicios laborales de la reforma educativa hay muchos, pero baste con mencionar sólo algunos de los problemas a los que se tiene pendientes de emitir alguna solución: Basificación de las y los compañeros noveles que a través del Concurso Nacional se hicieron acreedores a una plaza en el subsistema estatal con la aplicación de los ¾ de tiempo como lo establece la regulación en nuestro subsistema; La aplicación y pago de la Categoría de Tiempo Completo Mixto; el pago de la prestación denominada Escalafón Horizontal; La aplicación y pago de las horas de Investigación y Regularización Pedagógica (IRP) y Cocurriculares para el personal que labora bajo el régimen de hora/semana/mes; el pago de la prestación denominada estímulo al desempeño; y el pago oportuno a compañeros interinos como corresponde en términos de ley, solo por mencionar algunas.
Además de ello y en respuesta a la falta de tacto y sensibilidad del gobierno del estado en cuanto a la falta del pago de 4 millones de pesos que se adeuda –al más puro estilo veracruzano– a 764 maestros jubilados este año por el concepto del seguro de retiro tripartita, que deberían haber recibido el pasado 15 de mayo y que fue motivo de una justa y fuerte manifestación de Maestras y Maestros Jubilados en exigencia al cumplimiento de la palabra empeñada por esta administración de que no habría ningún problema laboral por la reforma educativa, el cual fue firmado por el gobernador y la autoridad sindical el pasado 28 de septiembre de 2013.
Es necesario seguir elevando la voz y dejar en claro que no es posible, bajo el pretexto del derecho fundamental de la infancia, despojar y regatear sus derechos a un sector que siempre se ha empeñado en la búsqueda de una mejor sociedad como lo es el magisterio.
