Entre las muchas aristas políticas que tiene el conflicto magisterial, la de la incapacidad estatal para garantizar la aplicación irrestricta de la ley tiene enorme importancia porque está relacionada con problemas generales que impiden al país avanzar social y económicamente. Muchos actores del conflicto actúan al margen de la ley: la CNTE, el gobierno mismo y, en fechas recientes, los empresarios organizados en la COPARMEX, la CONCANACO y la CANACO.
México no ha logrado ser un país donde la ley impere sin distingos. En todas las esferas de la vida económica, social y cultural la no aplicación o la aplicación diferenciada de la ley, así como su uso, aceptación o desacato en función de intereses particulares, corroe las posibilidades de una vida pautada por normas compartidas. Muchas explicaciones sobre el origen, la dinámica y las consecuencias de este fenómeno se han dado, y no pocas versiones sirven para justificarlo: si el gobierno no aplica la ley, nosotros no tenemos por qué acatarla; es mejor no aplicar la ley para conservar la paz social; para que el gobierno atienda las peticiones es necesario actuar aunque se cometan delitos o se vulneren los derechos de terceros; si las consecuencias de cometer actos delictivos son menores o poco probables, vale la pena correr riesgos (bajos) y obtener beneficios.
Ha sido tan dañina esa intrincada forma de interacción política y social que de manera creciente diversos actores han pugnado porque México sea un país de leyes, sin corrupción e impunidad, con plena vigencia de la justicia. Sin embargo, de otro lado, hay amplios sectores que se resisten a aceptar sin cortapisas que un país sin ley y sin justicia jamás podrá desarrollarse y combatir la desigualdad. La defensa de sus intereses particulares pasa por el menosprecio al estado de derecho.
No se crea que ese menosprecio es patrimonio de los poderosos, de las élites, de los políticos profesionales o de los ricos, aunque posiblemente entre ellos se encuentren quienes más se benefician de la impunidad y la corrupción, férreos opositores a la vigencia plena de la legalidad. Es una forma de acción social que traspasa todos los niveles de la jerarquía social y afecta tanto a individuos como a grupos y comunidades, a agentes del gobierno y fuera de éste. Tampoco es patrimonio de la derecha o de la izquierda políticas, ni de iglesias o sindicatos.
CNTE, al margen de la ley
La CNTE y sus aliados, especialmente en Oaxaca, Chiapas y Michoacán, han actuado al margen de la ley persistentemente, pero eso no les importa porque su fin mayor es lograr la satisfacción de demandas que consideran siempre válidas, legítimas y necesarias. Como para ellos son legítimas, suponen que todos deben aceptarlas y apoyarlas, so pena de ser considerados serviles a los intereses del gobierno y del capital. Si la acciones de la CNTE lesionan otros derechos fácilmente lo niegan: no hay desabasto; todos pueden transitar, excepto las transnacionales; no hay afectaciones al comercio; o, en una forma de raciocinio bastante extraña, los empresarios son los beneficiados del movimiento.
Cuando sus acciones son violentas –como los saqueos, las quemas de edificios, el robo de vehículos, la humillaciones a los opositores o a policías y la privación de la libertad de periodistas o la restricción a su derecho de informar- mantienen silencio o utilizan pretextos fútiles. Si los derechos a la educación de miles de niños se ven afectados por los paros, la CNTE culpabiliza al gobierno, no asume honestamente la responsabilidad de las acciones y, con ello, menosprecia derechos básicos de la infancia. Me pregunto si el viejo Marx, cuando criticaba a los ludistas, o si el astuto Lenin, cuando discutía contra el infantilismo de izquierda, estarían de acuerdo con esta forma de proceder.
El gobierno, por su parte, tiene enormes dificultades para operar dentro de la ley y para hacerla cumplir. Son innumerables los actos ilegales o, por lo menos, muy poco decorosos, en los que han incurrido gobernantes y políticos. El gobierno se mueve en pistas fangosas, no sólo por la opacidad de las negociaciones, sino porque los acuerdos probablemente están fuera de la ley. Ya quedó establecido judicialmente que los acuerdos entre la SEGOB y la CNTE de 2013 a 2015 son inconstitucionales y, por consiguiente, no son válidos. Faltaría otra acción judicial para establecer las penas correspondientes a estos actos del gobierno, pero eso es mucho pedir.
No lo es en cambio, exigir que se den a conocer los arreglos a que han llegado. De confirmarse lo que la CNTE ha dicho en varias ocasiones sobre la liberación de presos, suspensión de órdenes de aprehensión, pago de salarios retenidos, no separación del cargo por inasistencias injustificadas o por no presentarse a evaluaciones, estaríamos, otra vez, ante la comisión de actos ilegales por parte de la autoridad.
Esa operación por fuera de la ley se combina perversamente con la incapacidad técnica para operar las fuerzas encargadas de mantener el orden público, también corroídas por la corrupción. En otras palabras, el gobierno no sólo no quiere emplear la fuerza pública por razones políticas (declinación de la popularidad presidencial, debacle del PRI, luchas intestinas por la candidatura presidencial) sino que no puede hacerlo, es incapaz.
Pulsión autoritaria del gobierno
Por si fuera poco, la pulsión autoritaria del gobierno y su necesidad política de éxitos a corto plazo, lo llevan a negar la necesidad de diseñar procedimientos democráticos y participativos para construir reformas que, por esencia, requieren de análisis, experimentación, pluralidad y especificidad local. En el fondo, es un terrible desprecio a la inteligencia de los maestros, quienes, además de culpables del desastre educativo, son considerados meros ejecutantes de disposiciones adoptadas en las alturas. Sin embargo, se ha mostrado que esto es la peor vía: genera inconformidades, propicia indirectamente que la CNTE se movilice y condena al fracaso las reformas educativas.
Ahora hacen entrada pujante los empresarios. No discutiré el pueril argumento de que, porque son empresarios, sus intereses no deben ser tomados en cuenta y que, por lo tanto, no vale la pena considerar sus demandas. Guste o no, en un país de leyes estos ciudadanos, como cualesquier otros, tienen derechos garantizados.
Una parte de los empresarios organizados corporativamente, como la COPARMEX, ha optado por la vía legal para ampararse contra el presidente, el secretario de gobernación, miembros del gabinete y gobernadores por ser omisos ante las acciones de la CNTE y ha manifestado su desacuerdo con los arreglos secretos o ilegales entre el gobierno y la CNTE. No obstante, hay una vertiente no legal en la acción de algunas organizaciones empresariales: la CANACINTRA, la COPARMEX, la CONCANACO y la CANACO, con la participación de otras agrupaciones empresariales, anunciaron que el 8 de agosto realizarían un paro de labores. Las dos últimas corporaciones, al mismo tiempo que exigieron exenciones tributarias al gobierno, amagaron con no pagar impuestos mediante declaraciones fiscales en cero. Aunque ya retiraron esa amenaza, el sólo haberla proferido las colocaba al borde de la ilegalidad.
Algunos esfuerzos por hacer que la ley se cumpla han logrado su propósito. La organización Mexicanos Primero ha interpuesto numerosos amparos. Tres fueron favorables a sus argumentos: sobre el desvío de recursos federales para cubrir nómina educativa; sobre la suspensión de evaluaciones contra en 2015 en el proceso electoral; y sobre la publicación de evaluaciones de 2012. Esta organización ha declarado que volverá a interponer amparos si detectan que hay violaciones a la ley en la negociaciones del gobierno federal y la CNTE. Por su parte, un sacerdote jesuita logró que, tras cinco meses, un juez otorgara amparo contra las autoridades de la CDMX para garantizar el derecho al libre tránsito. Aunque la vertiente de los amparos es una posibilidad para prevenir actos ilegales de la autoridad, no pude ser la solución al problema de falta de legalidad en muchos aspectos del actual conflicto magisterial. Tampoco el recurso de la violencia legítima del estado puede serlo, porque hace falta legitimidad y capacidad técnica. Por lo tanto, es urgente buscar otras vías, antes de que el conflicto se enrede más y se comentan más transgresiones a la ley.
A estas alturas, parece claro que la reforma educativa no será exitosa, ni en los componentes evaluativos para modificar prácticas docentes, ni en los políticos para recuperar la rectoría del estado, ni en los educativos. Como señaló Olac Fuentes, existe una contradicción fundamental entre el modelo (esbelto y moderno) y la propuesta curricular (pesada y tradicionalista). Además, el ánimo colectivo, no sólo el de la CNTE, es adverso a las reformas: tantas han ido y venido sexenio tras sexenio que los maestros han perdido confianza en medidas que vienen desde arriba. En ese marco, una dosis de realismo no le vendría mal al gobierno federal y, antes que seguir prohijando acuerdos ilegales y, con ello, abonar más al desastre en el que se encuentra el estado de derecho y de la educación en el país, mejor haría si promoviese un acuerdo político entre las fracciones parlamentarias para comenzar de nuevo una reforma educativa, bajo nuevos formatos incluyentes y participativos, y con una visión moderna del currículum.
