La dotación de alimentos en escuelas de Educación Básica en zonas vulnerables del país, es un planteamiento acertado en la Iniciativa de reforma educativa del Ejecutivo federal, pero no es suficiente para lograr la equidad, consideró Diego Juárez Bolaños, académico del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (Inide) de la Universidad Iberoamericana.
El proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador expresa que en las escuelas de Educación Básica en zonas vulnerables se implementarán acciones integrales para la mejora de los servicios educativos mediante el desarrollo de acciones de carácter alimentario, sin embargo, Juárez Bolaños advirtió que “si no trabajamos el tema de que los maestros tengan estímulos para laborar en estos espacios, podemos hacer muchos otros planes, pero si no hay continuidad del trabajo de los maestros en un solo lugar creo que vamos a tener muchas dificultades como ha sido hasta el día de hoy”.
Por ello, el también titular de la red temática de Educación Rural del Conacyt sugirió anexar a la propuesta la incorporación de programas de bienestar y apoyo técnico, para fomentar la permanencia del personal en esas zonas.
“Tales programas incluyen, donde sea pertinente, incentivos salariales, de vivienda y otro. El Estado dará prioridad a la inversión educativa en las zonas rurales, en las zonas de frontera, en las zonas urbanomarginales y de menor desarrollo”, menciona la propuesta del académico.
Además, señaló que es necesario incluir en la Iniciativa la el promover modalidades institucionales y pedagógicas, adecuadas a cada contexto, mediante la promoción de modelos alternativos e innovadores para las escuelas, atendiendo sus particularidades, esto dentro del apartado sobre la aplicación de una política educativa incluyente por parte del Estado.
“Pensar en un solo modelo nacional yo creo que ya está totalmente rebasado y creo que enriquecer la propuesta en el sentido de las particularidades y de modelos alternativos e innovadores, podría ayudar”, opinó Juárez Bolaños.
Otras de sus aportaciones a la discusión fueron la recomendación de no utilizar el término “biculturalidad” en lo concerniente a Educación Indígena, sino emplear el de “interculturalidad”.
Hizo una reflexión respecto al concepto “rural” a partir de los términos que utiliza el INEGI para determinar qué comunidades entran en ese tipo, pues “el número está subvalorizado, porque para los lineamientos oficiales, las poblaciones de 2 mil 501 habitantes ya no son rurales, con todo lo que sea criticable al respecto. En ese sentido, el número de escuelas rurales también está subvalorizado, y aun así, sobre esta subvalorización, al menos para el área de las primarias, estamos hablando del 56% de las escuelas del país”.
Concluyó con varios llamados: no cerrar las escuelas rurales, como un derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación equitativa en su comunidad de origen; no “lanzar al INEE a la hoguera”, y en vez de crear una nueva institución mejorar la existente; terminar la descentralización de la educación y dar mayores recursos y atribuciones a los estados; y dotar de autonomía a las normales y las universidades pedagógicas.
