El Congreso local y el gobernador Martín Orozco Sandoval elaboró uno y publicó el otro, en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes (25/05/2020), la armonización de sus leyes locales con la Ley General de Educación (LGE). Allí, a la chita callando replicaron la Ley Barbosa y el pin parental, pero no levantaron protestas como en Puebla o en Nuevo León. Vamos, ni la Secretaría de Gobernación, que disciplinó al Congreso neoleonés, mostró beligerancia.
Parece que al sector privado le pasó de noche, no reclamó ni reparó en que el artículo 94 de la nueva Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, que replica íntegro —hasta el mismo número— el texto de la Ley Marco (el machote) que propuso la Secretaría de Educación Pública desde enero: “Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de [aquí les faltó poner Aguascalientes, lo que indica que fue un simple copy and paste], así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”.
Expresa lo mismo que el 99 de la LGE, que ahora impugnan varios organismos cupulares del sector privado, es el mismo que el senador Ricardo Monreal aprobó sin darse cuenta, porque criticó al gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa por ese tenor.
También pasó desapercibida la aprobación del pin parental en Aguascalientes, acaso porque no aparecen esas dos palabras, pero en el artículo 4, quinto párrafo, casi con las mismas palabras, asienta lo que no aprobó el Congreso de Nuevo León: “Así mismo, la Autoridad Educativa Estatal dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus Convicciones”.
Y para que no haya dudas, también decretaron una reforma al artículo 57 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes: “Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán derecho a decidir e intervenir en la educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes…”.
El Congreso de Nuevo León rechazó la enmienda por 12 votos en contra y nueve abstenciones, pero tuvo 20 votos a favor; ¡sintomático! Y los inconformes reclaman en las calles. En Aguascalientes se aprobó por unanimidad, incluso Morena votó a favor. Las iniciativas fueron hechas por diputados del Partido Encuentro Social. La duda que surge es por qué el PES, que es un aliado clave del presidente López Obrador, se lanza con propuestas de este calibre.
Primero, porque es parte de su ADN político-religioso, allí no hay nada oculto, convicciones. Pero cavilo que percibe un ánimo favorable de parte del Presidente. Él no oculta su fervor místico, prefiere la moral —su moral— a las leyes. ¡Ojo!, no señalo que AMLO promueva estas iniciativas, pero sí que, con sus mensajes, las alienta.
No obstante, le causan bronca. Ya una vez frenó otra propuesta de quitar el carácter secular del Estado en el texto constitucional que otra diputada del PES se aventó. Ahora no fue el Presidente en persona, sino la Segob quien entró al quite. El 28 de mayo, un día antes de la votación, advirtió al Congreso neoleonés que, si se aprobaba el pin parental, vulneraría los derechos de niños y adolescentes y dañaría la rectoría del Estado sobre contenidos educativos.
Pero guardó silencio absoluto en el caso de Aguascalientes.
Mala suerte la de doña Olga Sánchez Cordero. Unos la critican por invisible; otros por involucrarse con la soberanía de un estado. No las trae consigo.
RETAZOS
La pregunta que me hago es si en la visión de AMLO los del PES son conservadores o nada más fieles de la Cuarta Transformación.
