Adolfo Gilly
Los maestros movilizados en las plazas y calles de México y de otras muchas ciudades del país son, por el contrario, símbolo y realidad, en conciencia y en acción, de una nación que busca cómo defenderse y resistir al vendaval de las finanzas, los ricos, el crimen, la intromisión policial, militar y logística del poderoso vecino del norte y la ineptitud –real o simulada– de sus propios gobernantes.
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La televisión, en tanto instrumento de Estado, está cumpliendo en esta ofensiva, hoy como nunca, la función de punta de lanza de la desinformación y la deseducación del pueblo; y de ariete brutal hoy contra los maestros, ayer contra los estudiantes de #YoSoy132 y siempre contra toda movilización de este pueblo en defensa de su vida, su nación y sus derechos.
Esa ofensiva plagada de mentiras, ignorancia e interés se propone desmantelar a sabiendas y con prisa los cimientos constitucionales sobre los cuales se alza todavía hoy el pacto estatal mexicano: con prisa, porque no quieren dar tiempo a la organización de la resistencia nacional contra esos planes; a sabiendas, porque la propaganda para la entrega del petróleo y de otras riquezas de la nación al capital extranjero –y a su poderío militar– está hecha de un indescriptible tejido de mentiras y falacias que sus autores no pueden ignorar.
No es la menor de ellas la afirmación de que la entrega de la explotación del subsuelo a los capitales extranjeros sería la continuación fiel del pensamiento y la política del presidente Lázaro Cárdenas. Es preciso carecer de escrúpulos morales e intelectuales para decirlo.
En estos días y meses el gobierno federal, con sus aliados y subordinados en el Pacto por México, quiere destruir, en una especie de guerra relámpago, los pilares legales seculares alzados por el pueblo de México y una generación de gobernantes leales a la nación y a su pueblo, y no al dinero.
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La joya de la corona política que esta ofensiva se propone recuperar para el mando presidencial es la ciudad autónoma de México, perdida para ellos desde la insurrección cívica y electoral de 1997.
La Presidencia sueña con restablecer su mando inmediato sobre la sede de los poderes nacionales, esta ciudad antigua, democrática, organizada, solidaria, plebeya y respondona. En estos días quiere que el gobierno de la ciudad se haga cargo de la represión contra los maestros, los estudiantes, los trabajadores electricistas, los universitarios y otros sectores que se han plantado en las calles frente a la ofensiva privatizadora.
Los maestros tienen razón. Sin movilización, las declaraciones, las reuniones y los diálogos no bastan. Un gobierno que mantiene en ruinas tantas instalaciones escolares y publica libros de texto plagados de errores de ortografía, dice querer evaluar a los maestros cuando lo que en realidad se propone es destruir sus derechos laborales y sus organizaciones.
El mismo sentido tienen las intenciones y la política para destruir a las normales rurales, focos de enseñanza para los pueblos campesinos e indígenas y de resistencia en defensa de sus derechos, sus bienes, sus historias, sus idiomas y sus vidas.
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En esta turbulencia la confirmación de la arbitraria condena al profesor Alberto Patishtán, la decisión judicial según la cual debería pasar en las cárcel los próximos 47 años de su vida, adquiere un peso y unas dimensiones de alcance nacional mucho más allá del tribunal que la dictó.
Esta decisión dice que el gobierno federal está decidido a cumplir las amenazas del candidato presidencial Enrique Peña Nieto en la Ibero:responder con la violencia del Estado a las demandas y las acciones de los pueblos campesinos e indígenas en defensa de sus derechos, sus pueblos y sus vidas.
La condena contra el profesor Patishtán es una amenaza declarada contra los maestros en movimiento; contra los pueblos indígenas en todo el territorio nacional; contra los pueblos zapatistas de Chiapas y sus gobiernos autónomos; y, a más largo alcance, contra la autonomía, la independencia y los derechos de maestros, profesores y estudiantes en todo el sistema educativo nacional.
Tomemos muy en serio esta sentencia contra un hombre inocente.
Los maestros tienen razón. Alberto Patishtán debe ser liberado. Los derechos laborales no se tocan. El subsuelo y el suelo de México pertenecen a la nación y al pueblo mexicano.
Publicado en La Jornada
