Contra muchos pronósticos, en 2013, el nuevo gobierno introdujo cambios fundamentales en el entramado legal que regula la política educativa, y removió obstáculos centrales para que el Estado mexicano recupere el control sobre aspectos clave del sistema educativo.
Entre otros: la información sobre dicho sistema, así como sobre las plazas y trayectorias profesionales de docentes y directivos. Adicionalmente, las reformas aprobadas colocaron a la calidad como objetivo central de la política educativa, e hicieron de la evaluación el instrumento clave para alcanzarla. Para que la reforma se traduzca en mejores resultados educativos (entre otros: mínimos de calidad en competencias básicas para todos los alumnos; reducción del rezago, la deserción, así como del preocupante crecimiento de las conductas violentas en secundaria y media superior; egresados de media superior y superior con conocimientos y habilidades para acceder a empleos bien remunerados), lo que se requerirá será una mezcla de visión, conocimiento robusto, destreza política inusualmente alta, temple y constancia.
Durante esta semana se dieron a conocer dos decisiones que nos ofrecen indicios sobre las prioridades de la SEP en esta nueva etapa: la convocatoria para la realización de foros regionales y nacionales para definir el nuevo modelo educativo, desde preescolar hasta bachillerato, y la decisión de modificar los criterios de evaluación para aquellos docentes que aspiren a ingresar o ser promovidos dentro del Programa Carrera Magisterial, reduciendo de 50% a 20% el peso de los aprendizajes de sus alumnos y concentrando la evaluación en la capacitación (40%) y en las evaluaciones (40%).
La primera decisión, si bien tendría que haberse dado antes y más allá de que resulte en un ejercicio de simulación democrática muy al estilo priista de siempre, es de celebrar, pues indica que las autoridades, finalmente, decidieron incluir explícitamente en la agenda la urgente definición de los fines y contenidos educativos de la reforma. La segunda es más complicada y puede ser leída —como han hecho diversos expertos y analistas— como un retroceso y una cesión frente a las presiones de las cúpulas magisteriales. Con todo y a pesar de los evidentes riesgos, considero que la decisión de reducir el peso de los aprendizajes de los alumnos en la evaluación para recibir los estímulos de Carrera Magisterial, puede tener sentido y no ser tan terrible como piensan algunos. Ello por dos consideraciones centrales: la suspensión de la aplicación de ENLACE para educación básica hasta nuevo aviso (¿cómo se evaluarían los aprendizajes de los alumnos si no se aplica ENLACE?) y la necesidad imperiosa de mantener el apoyo y el control sobre el SNTE, como condición sine qua non, para poder avanzar en la instrumentación de la reforma.
Es posible que sea yo una optimista delirante, pero la verdad, es que simplemente no veo cómo pueda cambiarse para mejor el sistema educativo sin ocuparse de atender y manejar las imponentes restricciones políticas —esto es México, no Dinamarca— que enfrenta una transformación que tiene que romper tantas inercias y que amenaza intereses tan poderosos. Para destruir y para remover obstáculos se requiere decisión y fuerza. Para construir se requiere firmeza sí, pero también apoyos, consensos y evitar que todo vuele por los aires.
Pudiera ser también que (todavía) es año nuevo y no quiero renunciar a pensar que el cambio (todavía) es posible.
Publicado en La Razón
