“Los senadores saben que los títulos expedidos por las instituciones de educación superior avalan las capacidades, habilidades y destrezas de los egresados para el ejercicio profesional, así como la adecuada inserción en el mercado laboral mexicano, de ahí el nombre común de ‘licenciaturas’ “, señala un desplegado que la ANUIES publicó ayer en el diario Reforma, en el que considera que las iniciativas para reformar los artículos 5, 28 y 73 de la Constitución Mexicana, con el objetivo de expedir la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias, violentan el punto 2 del artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece: “Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación”, enfatiza ANUIES.
La Asociación destaca que la intención de los senadores contraviene también “el punto 1 del artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que ‘Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole’. Además atentan, entre otros, contra los artículos 1, 3, 5 y 9 de la Carta Magna”.
Esta iniciativa, busca concretar la colegiación obligatoria de todas aquellas profesiones que así lo requieran, incluidos los médicos, los arquitectos, los contadores y los abogados.
“Por cuarta ocasión en un lapso de siete años, legisladores intentan hacer obligatoria la colegiación de profesionistas con recicladas argumentaciones sobre ética, honorabilidad, probidad y aptitud técnica, distorsionando el concepto “cláusulas habilitantes” asumido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (PXXI/2003)”, expresó la ANUIES, en este desplegado firmado por su titular, Enrique Fernández Fassnacht.
“Ni en la exposición de motivos ni en los textos de las iniciativas, se identifica el bien mayor que se pretende proteger o el problema nacional que se intenta resolver con dicha colegiación obligatoria”, concluye el comunicado.
“Por lo que respecta a la certificación periódica y obligatoria de los profesionistas, la ANUIES ha sostenido y reitera que esta hipótesis normativa debe estipularse, primero, de manera general en una ley en materia educativa como podría ser la Ley para la Coordinación, Financiamiento y Evaluación de la Educación Superior, de la cual se ha elaborado un proyecto que, por acuerdo del Consejo Nacional, está en proceso de consulta entre las instituciones de educación superior para su presentación ante el Congreso de la Unión”, señala el desplegado.
Por lo anterior, la ANUIES propuso a los senadores “reorientar los esfuerzos legislativos hacia un nuevo proyecto que armonice con los derechos humanos, que se oriente por principios académicos, que atienda las necesidades de los profesionistas y que esté exento de ánimos corporativos y lucrativos”, señaló.
