El Senado de la República aprobó un punto de acuerdo el cual, al igual que la Cámara de Diputados, el cual, exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, la Secretaría de Educación Pública, del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y de los gobiernos de las distintas entidades federativas, a suspender la evaluación docente programada del 3 al 25 de noviembre del presente año, así como todo proceso de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de las y los maestros en tanto no haya el replanteamiento de la reforma educativa en donde se incluya a todos los sectores involucrados.
La propuesta de la senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, señaló que “el pueblo rechaza la Reforma Educativa porque no ve en ella una modelo que garantice ninguna de las nobles aspiraciones señaladas. Por el contrario, la reforma instituyó un marco jurídico antisocial, antipedagógico y antilaboral, y de esto han dado cuenta decenas de especialistas en la materia.”
Es por ello que, la reforma educativa que necesitamos y que impulsaremos, buscará fortalecer el carácter científico, laico, gratuito, multicultural, crítico y democrático de la educación pública; también combatir los dogmas, prejuicios y fanatismo. Una reforma en materia educativa debe ayudar a formar mexicanas y mexicanos doctos en la ciencia, la técnica y el arte, que contribuyan a solucionar los problemas nacionales. Se requiere una política educativa que aspire realmente a lograr una cobertura universal de la educación básica, media superior y superior; que erradique completamente de nuestra sociedad el rezago educativo y el analfabetismo.
Finalmente, dijo que es preocupante que las autoridades educativas mantengan neciamente la intención de realizar la evaluación para la permanencia al servicio docente contemplada en el Artículo 52 y 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente los cuales atentan contra la estabilidad y los derechos laborales de los profesores.
La imposición de las evaluaciones al magisterio abre nuevamente un escenario de conflicto social al intentar aplicar el carácter punitivo de los Artículos 74 y 75 de la misma Ley y los Artículos 75 y 76 de la Ley General de Educación. Hemos sido testigos de las graves consecuencias contraídas por la necedad de unos pocos de someter a cientos de miles de profesores a una reforma educativa fuertemente cuestionada y rechazada socialmente.
Por su parte, la Senadora del PAN Xochitl Gálvez, dijo que no se debe llevar al extremo de cancelar toda la reforma, por lo que propuso “rescatar los avances que se ha tenido y apoyar la formación e incentivos docentes”
