Rogelio Javier Alonso Ruiz*
Un padre de familia llegó a una escuela primaria urbana en el centro de la ciudad para solicitar inscribir a su hijo. Al ser atendido por el director del plantel y ser cuestionado sobre el grado solicitado, el padre del menor titubeó. Dijo un grado, luego otro, hasta terminar por confundirse y ser incapaz de dar una respuesta certera. La situación anterior quizá pueda relacionarse, entre otros factores, con dos medidas que se han implementado en los últimos ciclos escolares, con motivo de la emergencia sanitaria: la asistencia voluntaria y la promoción automática. Quizá desde las oficinas no se perciba, pero desde las escuelas se observa que ha acrecentado el desentendimiento de las obligaciones escolares de algunos padres de familia.
Por disposición del acuerdo 23/08/21, si bien se reanudó el servicio presencial en los planteles, el ciclo escolar 2021-2022 se desarrolló dando la posibilidad a los padres de familia de, voluntariamente, optar por no llevar a sus hijos a la escuela. Además, todo parece indicar que, por tercer ciclo escolar consecutivo, los estudiantes de educación básica serán promovidos automáticamente. No se puede negar que, en su momento, la asistencia voluntaria y la promoción automática tuvieron justificación, pero vale la pena reflexionar sobre las repercusiones de estas dos medidas dada su aplicación tan prolongada.
Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación, expresó en diciembre del año pasado que habían regresado a las escuelas, de manera presencial, 24,063,286 alumnos en 196,524 escuelas de todo el país. Si se toman como referencia la matrícula oficial de educación básica del ciclo anterior (35,588,589 alumnos), una tercera parte del alumnado continuó, en el mejor de los casos, estudiando desde casa, si no es que algunos truncaron su trayecto escolar. Es imposible saber cuántos de éstos se encontraban voluntariamente en su hogar.
La asistencia voluntaria fue determinante para disminuir las tensiones al reabrir los planteles escolares, siendo una medida implementada no sólo en México sino en diversas regiones del mundo para promover un regreso gradual. Sin embargo, valdría la pena analizar las repercusiones de su aplicación tan extensa. ¿Por qué no reanudar la obligatoriedad del envío de los hijos a la escuela cuando las autoridades de salud han señalado una y otra vez que ésta no representa un espacio de riesgo sanitario o cuando se ha dicho ya que el COVID-19 llegó para quedarse?
Las autoridades educativas han caído en una contradicción al intentar recuperar la matrícula escolar: exigen a directivos y docentes acciones para revertir el abandono escolar, incluso mediante visitas domiciliarias, mientras sigue siendo voluntario estar o no en la escuela. Sin soslayar los estragos económicos y sociales que la pandemia ha dejado y que indudablemente han menguado las posibilidades de ir a estudiar, parecería lógico suponer que el primer paso para recuperar al alumnado es reanudar la obligatoriedad presencial. Lejos estamos de que los porcentajes de asistencia escolar, como en lineamientos de evaluación anteriores, sean considerados como requisito mínimo para la acreditación de un grado.
Por otra parte, la promoción automática evitó que se agudizaran problemas como la repetición escolar o la extraedad grave. Sin embargo, es necesario revisar si tal media ha contado con estrategias efectivas para que, en cambio, se pueda hablar de una promoción acompañada. El periodo de regularización de tres meses al inicio del ciclo escolar, propuesto por la autoridad educativa federal, fue insuficiente. Pareciera que se minimizó el impacto de la pandemia en los aprendizajes, pues la secretaria de Educación aseguraba que era posible realizar actividades remediales a la par del desarrollo de los programas escolares de cada grado. Queda la incógnita si la práctica pedagógica en las aulas realmente privilegió los aprendizajes fundamentales y si hubiera resultado útil la generación de un currículum mínimo para efectos de regularización.
No se intenta decir que la reprobación sea el remedio para los problemas de aprendizaje, pues varios especialistas advierten sobre lo inadecuado de esta acción. Tampoco se sugiere, por más ingenuo que parezca, que la asistencia diaria borraría el impacto de la pandemia en las condiciones del alumnado para aprender. En su momento, sobre todo cuando la enseñanza remota era generalizada, ambas medidas resultaban necesarias. Sin embargo, a la fecha, hay elementos para señalar que dejaron de tener pertinencia en los últimos meses. Es importante que la continuidad de ambas disposiciones dependa de la perspectiva de quien puede distinguir con mayor claridad sus efectos reales: el docente de grupo.
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.
Twitter: @proferoger85
