Han transcurrido prácticamente 9 meses, desde que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo 12/05/2018, por el que se establecieron las normas generales para la evaluación de los aprendizajes esperados, acreditación, regularización, promoción y certificación de los educandos de la educación básica, y ya se tiene un nuevo marco normativo en esta materia: el Acuerdo 11/03/19, por el que se establecen las normas para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica.

Desde que ingresé al magisterio, hace poco más de dos décadas, muchos temas me han preocupado y ocupado, pero uno en particular, me ha quitado más de una vez el sueño: mi desempeño. Con seguridad, al igual que muchos de los maestros y maestras de nuestro país, la incertidumbre, en cierto momento, se ha a apoderado de mi mente: ¿estaré haciendo bien mi trabajo?, ¿mis estudiantes están aprendiendo conforme a las estrategias didácticas que diseño?, ¿de qué manera habrá influido mi ejercicio docente en la vida de cada uno de los pequeños?, ¿qué habrá sido de ellos? Sí, una y mil preguntas han llegado a estrellarse en mi cabeza cada vez que me pienso.

Desde mi perspectiva, uno de los mayores errores que pudo haber cometido el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, en materia educativa, fue haber logrado y publicado el Acuerdo 23/03/1984 por el que se estableció que la educación normal en su nivel inicial, y en cualquiera de sus especialidades, tuviera el grado académico de licenciatura, sin considerar en dicho planteamiento, algunos otros aspectos jurídicos que propiciaran que la incorporación de las escuelas normales, como Instituciones de Educación Superior (IES), fuera acorde a sus propias necesidades de desarrollo. Claro, se dijo, el cambio era en “pro” de la modernidad y del progreso, y porque la formación de docentes tendría que tener un carácter profesionalizante para que sus egresados, contaran con los elementos que la misma profesión, la sociedad y el mundo exigía en ese momento.

La propuesta de reforma educativa que, el gobierno de López Obrador, envío a los legisladores para que fuera discutida en la Comisiones respectivas (de Educación y de Puntos Constitucionales), ha generado las primeras reacciones en el magisterio. Y es que, a través de diversos medios de comunicación, se han filtrado los primeros borradores (https://drive.google.com/file/d/1nvybR6ONukB-WCnuCuWIBalZDJNG7Ek6/view, 14 de marzo) del Proyecto de Dictamen por el que se abrogan las diversas disposiciones de la reforma educativa 2013, contenidas en la Constitución y sus respectivas leyes secundarias, que modifican los artículos 3º, 31º y 73º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

La Nueva Escuela Mexicana (NEM), es la apuesta del gobierno que encabeza López Obrador para que nuestro país, en materia educativa, salgo del hoyo en que se encuentra metido. Sin embargo, desde su inicio, varios detractores ha tenido, principalmente y como es natural, de grupos políticos que en su momento apoyaron ipso facto la reforma educativa de Peña Nieto. Claro, los intereses políticos están a la orden del día y, tal parece, que los esquemas que el actual gobierno ha propuesto en este rubro no les son favorables. Me explico.

A partir de 1984, las escuelas normales del país, han sufrido serios embates por parte de los gobiernos federales y locales en turno; embates que, indiscutiblemente, han mermado el propósito para el cual fueron creadas: la formación de maestros y maestras de México; y es que como sabemos, el Acuerdo Presidencial que se publicó en ese mismo año y, mediante el cual, se les dio un rango que las ubica como Instituciones de Educación Superior (IES), propició un serio reacomodo que las ha llevado a sufrir y/o padecer, las consecuencias de un neoliberalismo mal encauzado.

Gobiernos federales han ido y venido y el tema de la educación inicial sigue siendo un pendiente en la agenda educativa de éstos. Y es que mire usted, la reciente polémica que ha desatado el gobierno del Presidente López Obrador, en cuanto al recorte presupuestal que sufrirán las estancias infantiles subsidiadas por la que, hasta hace unos meses, era conocida como la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), ha puesto, de nueva cuenta, en el centro del debate, la pertinencia de considerar a esta educación, la inicial, en el esquema de la educación obligatoria enmarcada en el nivel básico, legalmente conformado por la educación preescolar, primaria y secundaria.

Aún tengo en la memoria las imágenes de cientos de maestros humillados, sobajados, menospreciados y agredidos por las evaluaciones militarizadas y punitivas que, en el sexenio peñista, se aplicaron a cientos de docentes a lo largo y ancho del territorio mexicano. Tal bajeza, según se dijo, era necesaria, pues para lograr la tan anhelada calidad educativa del intricado Sistema Educativo Mexicano (SEM), había que utilizar todos los recursos del Estado contra aquel que osara manifestar su rechazo, ante una reforma que colocaría a nuestro país en los cuernos de la luna.