Ya se ha hecho una costumbre en este gobierno, particularmente en la Secretaría de Educación Pública (SEP), hacer las cosas de manera diferente. Ojalá esa diferencia fuera para bien, pero no, desafortunadamente no ha sido así, por el contrario, en lo que va del sexenio, en materia educativa, ha dejado ver su enorme incapacidad para coordinar diversas acciones que favorezcan la educación que reciben miles de estudiantes a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la sociedad es garantizar una educación de calidad, plasmado en el ODS , uno de los 17 objetivos de la ONU para lograr un desarrollo sostenible. La pandemia de COVID-19 ha complicado alcanzar este objetivo en países de bajos y medios ingresos. El rezago en los aprendizajes ha afectado a unos 1,600 millones de estudiantes en todo el mundo debido al cierre de escuelas. Esta situación también ha ocasionado deterioro en la salud mental de los estudiantes, así como un aumento considerable del riesgo de violencia y trabajo infantil. Organismos como el Banco Mundial, UNICEF Y UNESCO han realizado esfuerzos para identificar acciones concretas que permitan recuperar el aprendizaje perdido.

Como docente frente a grupo, en mis más de dos décadas de servicio ininterrumpido, he considerado a los libros de texto gratuitos como un instrumento valioso y una herramienta necesaria para el fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes; jamás los he visto como la piedra angular que determine el que un niño, niña o adolescente aprenda o no.

Pienso que muy pocos trabajadores de la educación consideran que, en realidad, sus demandas y necesidades profesionales y laborales se ven reflejadas en el Pliego Nacional de Demandas que, anualmente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entrega a la Secretaría de Educación Pública (SEP); también pienso, que esta representación sindical se ha convertido en el bufón de los distintos gobiernos pues, el comportamiento de sus líderes sindicales, ha reflejado la poca seriedad – que a veces raya en lo absurdo y ridículo – que debería imprimírsele a la defensa irrestricta de los derechos laborales y profesionales de sus agremiados. Para muestra un botón.

El pasado 1 de septiembre, la periodista Denise Maerker, presentó en su noticiero nocturno, una realidad que viven quienes asisten a cientos de escuelas públicas en nuestro país; se trató de la Escuela Secundaria Francisco Ruiz Massieu ubicada en la comunidad Caridad, de San Marcos, en el estado de Guerrero. El reportaje, como tal, muestra a unos estudiantes tomando clases al aire libre, mientras otros, ocupan un salón de clases porque, desafortunadamente, además de no contar con espacios suficientes donde se desarrolle en las mejores condiciones el proceso de enseñanza y de aprendizaje en cada uno de los grados, carecen de pizarrones, escritorios, computadoras, material didáctico, pero también, sanitarios o luz eléctrica.

Derivado de la aprobación de la reforma a la reforma educativa en 2019, se expidió el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de los artículos 3º., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. En el artículo Décimo Primero Transitorio, de este ordenamiento, párrafo 3, se señaló: Para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo noveno en el artículo 3º., el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigor de las presentes disposiciones, definirá una Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, la cual establecerá acciones para su fortalecimiento (DOF, 2019).

El martirio comenzó la noche del 26 de septiembre de 2014: ¡No disparen, somo estudiantes!, ¡ya mataron a uno, háblenle a la ambulancia!, ¡porqué recogen los casquillos!, fueron algunos de los tantos gritos desgarradores que emanaron de las bocas de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en el estado de Guerrero.

Algo anda mal o muy mal en materia educativa en nuestro país, cuando quienes se encuentran al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) desconocen la manera en que las escuelas operan, particularmente, me refiero, a la aplicación o implementación de los planes de estudios. Imagino debe ser difícil la toma de decisiones para cumplir con los designios que, desde Palacio Nacional, emanan constantemente.