Ya fue promulgada la reforma constitucional en materia educativa, que se realizó a partir de la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión el pasado 12 de diciembre del 2018. Es una reforma que modificó los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución y abrogó la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) no quiere que se escuche a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Tal vez, en el fondo, sólo le parece aceptable que en el proceso de reforma constitucional de ahora sólo sean escuchados los únicos que fueron escuchados durante las reformas constitucionales y legislativas de 2012: los empresarios y los partidos de derecha.

La llamada reforma “educativa” colocó al magisterio en la incertidumbre y la precariedad laboral. Ahora la promesa del presidente electo de “abrogar, derogar o abolir la mal llamada reforma educativa” ha colocado en la incertidumbre también a las autoridades educativas, y ha agregado otra fuente de incertidumbre en el magisterio. Ahora la incertidumbre campea en todo el sector educativo, tanto en el magisterio como entre las autoridades educativas federales y estatales.

El apoyo solidario y espontáneo de la gente comienza a ser reemplazado por los cordones de seguridad de la policia, el ejército y la marina. Los medios comienzan a descalificar a los “amateurs” solidarios y a exaltar a los “expertos” de las fuerzas armadas…

El gobierno estableció dos mesas de diálogo, una con la CNTE (en Gobernación) y otra con el SNTE (en la SEP), obligado por la reacción de la opinión pública nacional e internacional contra el crimen de Nochixtlán, Oaxaca, y por la expansión territorial de la inconformidad del magisterio.

Sin duda muchos miles de maestros y maestras han decidido no someterse a la evaluación del desempeño como una manifestación de protesta o rechazo a la “reforma educativa”; pero también hay otros miles de maestras y maestros que decidieron someterse a esa evaluación por diversas razones, sobre todo por las consecuencias (por el garrote y por la zanahoria). Otros miles de maestras y maestros están horrorizad@s. Muchos de estos adelantarán su salida del servicio, si están en condiciones de pensionarse o jubilarse, como lo han hecho decenas de miles en los últimos dos años; otros más permanecerán rumiando el pavor y esperando su suerte. Incluso no faltarán quienes se vayan del servicio por estar hasta el gorro de tantas amenazas y evaluaciones.

La primera vez que escuché esa frase fue a Roberto Rodríguez Gómez y desde entonces la traigo metida en mi mente, preocupado porque pienso que no debe ser cierta. Para mi mala fortuna, hace unos días leí un artículo periodístico de un miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que parece confirmar que, en efecto, esta institución era más autónoma cuando no era constitucionalmente autónoma (Eduardo Backhoff, “El INEE autónomo: entre lo académico y lo político”, El Universal (28/10/2015).