Acontecimientos internos y externos han vuelto a destacar la urgencia de que la sociedad y el gobierno mexicanos tomen en serio el artículo 3o. de la Constitución. En lo interno, una de las señales graves es el hecho de que las élites políticas integraron el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación según sus intereses para el 2018 y el 2024. Se trata de una acción grave del Senado que socava las bases institucionales de la democracia mexicana, uno de los principios fundamentales del artículo constitucional que fija los valores para la formación de los mexicanos. ¿Cómo puede la escuela trabajar con orientación a la democracia en un entorno legislativo adverso sobre un asunto tan trascendente? Es una señal, entre otras, de cómo la élite política desprecia a la sociedad.

México está a la espera y, en muchos lugares de trabajo del sector educativo y en muchas escuelas, se encuentra en una espera activa. Una de las formas en que se ha definido la reforma educativa es que "constituye una transformación profunda del modelo educativo para mejorar la calidad de la educación" (SEP, 2016, El Modelo educativo 2016. Presentación, p. 1).

Aunque no han terminado las dificultades que enfrenta la implementación de la reforma de la educación, parece que sí están amainando. Debido a que todo el tiempo se ha tratado de un problema de la relación entre Constitución y vida social, entre la formalidad de la norma y su realización como vivencia, como criterio y reglas de acción, ello ha puesto de manifiesto la capacidad real del gobierno para cumplir y hacer cumplir la Constitución, como dice el texto que se utiliza en las tomas de posesión de alguna responsabilidad originada en el voto popular o en la designación por autoridad constituida.

La educación, como varios asuntos públicos de primera importancia para la sociedad, se encuentra viviendo el final del sexenio, no en el sentido temporal, sino en el político. El presidente Enrique Peña tiene bajos niveles de apoyo que contrastan de manera dramática con las enormes responsabilidades que tiene como depositario del Poder Ejecutivo Federal.

Como ha ocurrido con muchos problemas sociales y políticos de esta administración federal y sus contrapartes estatales involucradas, las dificultades para realizar la reforma de la educación ya parecen asunto rutinario, como si fueran una parte imprescindible del proceso político.

Extraño parecerá el título de estas reflexiones pues, cualquiera dirá que la educación está dentro de la Constitución, que es uno de los derechos reconocidos y sobre el cual los gobiernos estatales y el federal tienen claras obligaciones.

Aunque ya la cuestión de los maestros que se oponen a la reforma educativa se ha mezclado con otros problemas sociales y políticos que los gobiernos deben atender, de todos modos es bueno responder la pregunta inicial.

De nueva cuenta, los muertos son señal de alarma en un sistema político, el mexicano, que no resuelve las necesidades de la sociedad conforme a sus obligaciones con los derechos humanos. Oaxaca ahora asusta. Como es habitual en el gobierno, ve surgir los problemas, hace declaraciones y promesas y retarda las soluciones. La voz-silencio de los muertos aparece y modifica los horizontes.