Las elecciones para cargos públicos siempre están acompañadas de expectativas; estas son signo de los tiempos, de la percepción que los ciudadanos tienen del sistema político y del afán reproductor/conservador del poder, entre otras cosas. En la perspectiva ciudadana, muchas elecciones para funciones federales, estatales y municipales han sido frustrantes, más pronto o más tarde en la administración pública, por el ineficaz desempeño del gobierno que, con todo, endeuda cada vez más a los mexicanos.

El 27 de mayo de 2015 se publicaron las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción; entraron en vigencia al día siguiente, dando al Congreso de la Unión el plazo de un año para aprobar las leyes derivadas de la reforma.

Pocos días antes de vencerse el plazo dado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el estado de Oaxaca armonizara su ley de educación con la legislación federal de la materia, los diputados locales aprobaron la nueva ley. El hecho parecería, a primera vista, como algo qué celebrar, sin embargo, no acaba ahí la cuestión, pues contiene varios elementos que deben

Cómo se afirmó en la primera parte de esta colaboración, la consolidación de algo significa que “quede firme”. Consolidar el texto de nuestra Constitución política y, en ella, del artículo tercero, es un medio para promover una cultura constitucional más estable. En lo que respecta a la educación, la consolidación de sus principios es importante por sí mismos y por su valor en la coyuntura de reforma educativa que vive el país la crisis de su vida democrática. No es importante sólo por la restauración estética y técnica del texto, sino como oportunidad de comprender y renovar el impulso de cumplimiento de los valores de la educación, pues son fundamentales para la formación de los ciudadanos y para el adelanto en la convivencia social democrática.

De nuestra Constitución federal se han hecho varios juicios, entre ellos, que la multiplicidad de reformas la han desfigurado; que mezcla cuestiones de principios jurídicos con otras que son reglamentarias y que deberían estar fuera de ella; que no es respetada por muchos gobernantes y ciudadanos; que necesita ser reemplazada por una nueva, etc. El artículo 3o., que se ocupa de la educación, no escapa al reformismo y otros

Aunque parece que está empezando el trabajo-disputa por los votos, en realidad nunca se ha ido, ni ha cesado en los indefinidos tiempos no electorales. Los partidos políticos subordinan en diversas circunstancias su responsabilidad pública a intereses que no son congruentes con ella. El trabajo-disputa por los votos siempre está en la vida social, con la presencia de los partidos y, desafortunadamente, con muchas acciones de los gobiernos,

Como acción social y como derecho en proceso de ser garantizado en la comunidad política, la educación exige una transformación de toda persona en el gobierno, sea que pertenezca a él por efecto del voto popular o por el tipo de voto que se origina en el multivariado ejercicio del gobierno, como la designación o el contrato laboral. La clave está en que la legitimidad de todo el gobierno proviene del primer voto, el popular.

Los motivos para afirmar la importancia de la educación se renuevan y multiplican de manera constante al ritmo de la vida social, al paso de las necesidades de las personas, con la intensidad de las demandas de los grupos sociales por un gobierno democrático, sobre todo las demandas que provienen de los grupos excluidos o con malos servicios educativos. Más en particular, la situación de crisis que vivimos exalta la relevancia de la formación de todas las personas con una orientación indubitable para la vida democrática y para la actividad económica productiva y solidaria.