La calidad de la educación es el principio que orienta la política pública, particularmente desde el 2000 con el gobierno de Fox y las siguientes administraciones de Calderón y Peña Nieto y, también, se incluye como elemento de la política del gobierno de AMLO.

un es temprano para conocer los detalles del diseño del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Este es uno de los programas bandera del futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador el cual fue descrito en su Proyecto de Nación[1]. Este programa propone una cobertura de hasta 2.6 millones de jóvenes entre 15 y 29 años que en su mayoría se encuentran a la deriva pues no es fácil su acceso al mercado laboral y abandonaron sus estudios por diversas circunstancias. Este programa se empieza a conocer de manera general como el de "jóvenes aprendices", pero esta etiqueta reduce la comprensión de su alcance original y sus objetivos.

Invito a Usted lector hacer el ejercicio de responder a esta pregunta como si fuera la autoridad del sector educativo. Hay que advertir que la respuesta elegida definirá el tipo de soluciones. La Reforma Educativa de EPN tienen varios componentes pero el aspecto central es la calidad de la docencia; se postuló que una mayor preparación y conocimiento por parte del docente tendrían como consecuencia una mejora de la calidad de la educación que se imparte en el aula. Por ello, la Reforma de EPN se enfocó en la evaluación de los docentes y en modificar la relación laboral.

El Modelo Educativo del país se relanza esta semana, pero persiste la pregunta de hacia donde se dirige la política educativa; está dando vueltas en círculos o avanza aunque de manera tortuosa. Aun no se sabe si habrá presupuesto adicional para implementar el modelo 2017.

En una entrega previa sobre el modelo de gestión que propone la CNTE[1] señalé que también incluyó aspectos de la evaluación en las escuelas por parte de las comunidades escolares, aspecto que también se incluye en el Modelo Educativo de 2016. La Reforma Educativa de 2013 dio lugar a cambios y al diseño de normatividades, por ejemplo, al Acuerdo 706 de 2014 y a la celebración, en el mismo año, de los foros nacionales de consulta sobre el modelo educativo. Sin embargo, durante su implementación esta Reforma Educativa centró toda su atención en la evaluación de los docentes. El mensaje enviado por la política educativa fue claro: se atribuyó al gremio de docentes la responsabilidad del mal desempeño de la educación en México.

En el cúmulo de opiniones, críticas y calificativos, generados por el conflicto magisterial se deja de lado la discusión principal acerca del tipo de escuela que se requiere para reducir el rezago educativo del país.

Usualmente se señala que en México se realiza gasto público en educación similar al de otros países; en 2012 el gasto público en educación primaria fue de 3.4% del PIB similar al 3.3% de Estados Unidos, o el promedio de 3.5% los países de la OECD[1]. Este indicador, sin embargo, distrae la atención de que un país en desarrollo, y con rezagos importantes como los de México, requiere proporcionalmente de una mayor inversión educativa que un país desarrollado.

La SEP colocó certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores con los cuales recabó 8,581 millones de pesos. Con este esquema se esperan obtener entre 2015 y 2018 hasta 50 mil millones de pesos. Estos recursos estarán destinados a las escuelas con mayores necesidades de infraestructura.