La reforma “educativa” del gobierno de Peña se inició en 2013 con una serie de reformas constitucionales y legislativas que, entre otras cosas, crearon el Servicio Profesional Docente y otorgaron una supuesta autonomía al Instituto de Evaluación de la Educación. Esa reforma se tradujo principalmente en la derogación de algunas normas esenciales del marco jurídico laboral del magisterio y su reemplazo por la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente para regular el ingreso, la promoción, el reconocimiento y el desempeño del personal docente de educación básica y media superior, teniendo como instrumento central la evaluación para todos esos procesos.

México se convulsiona ante la imposición de una “reforma educativa” con tintes eminentemente políticos y económicos que atienden a los intereses de organismos internacionales y empresarios nacionales. El año 2000 la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) dictó las reglas definitivas del juego en el documento titulado Acuerdo para la Cooperación y la Calidad Educativa, donde ya se estipulaba la evaluación docente como uno de los principales aspectos a considerar. Así mismo la organización de Mexicanos Primero, impulsa fuertemente las imposiciones de la OCDE con exigencias tajantes de evaluación punitiva a los docentes, encabezada esta por Claudio X González uno de los empresarios más prominentes de nuestro país.

Actualmente la evaluación en la educación básica, implica abordar un punto álgido de la educación en México. Un tema que ha sido de gran controversia en los últimos meses ante la llamada “reforma educativa”, donde el principal conflicto se encuentra en la evaluación del docente a través de instrumentos poco confiables, exámenes cargados de contenidos irrelevantes y poco tiempo para resolverlos y la custodia militarizada; aunado a ello las revueltas nacionales que bifurcan la visión social entre los que quieren imponerla y los que no quieren dejarla pasar, un conflicto nacional que divide la percepción de la ciudadanía respecto a dicho fenómeno, donde por supuesto los medios de comunicación oficialistas se empeñan en mostrar un paraíso nacional (Peñalandia o Nuñolandia), mientras que las redes sociales y la cotidianeidad van golpeando con bofetadas de realidad las acciones de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

La estadística ha sido hasta la fecha, el factor determinante para sustentar una reforma sin forma educativa pero con gran fondo político. El día de hoy diversos medios amanecen con encabezados de declaraciones hechas por el Secretario de Educación Aurelio Nuño, tales como: Evaluación docente en 27 estados rebasó el 92% de participación. Casi tan certero como el manejo de porcentajes que hizo días anteriores en Michoacán, sobre que más del 100% de los maestros se han inscrito en la evaluación. La perversidad del número utilizada por el discurso oficial, ha fijado un imaginario donde el supuesto éxito de la reforma educativa se basa en que la mayoría de los docentes está conforme con ser evaluado o al menos solo los grupos “non gratos” manifiestan lo contrario.