Durante toda la campaña de AMLO a la presidencia de la República, el próximo presidente electo se manifestó en contra de la Reforma Educativa, impulsada por el grupo parlamentario que conformó el Pacto por México: PRI, PAN y PRD. Aunque no se sabe a bien qué componentes se desean derogar, es claro que al menos su intención es eliminar la evaluación de los docentes con propósitos de permanencia, a la que igual que la CNTE califica como “punitiva”.

He leído y oído decir a AMLO que echará atrás a la reforma educativa porque fue impuesta por los organismos internacionales, porque su verdadera intención fue privatizar la educación pública, razón por la cual se denostó a los docentes y se les culpabilizó del fracaso educativo que ha tenido el país. Sin embargo, estos argumentos parecen más bien posiciones ideológicas que solo convencen a los fieles admiradores de AMLO. A falta de pruebas de lo dicho hasta ahora, AMLO ha sostenido que “la reforma educativa ha fracasado” ya que los resultados que arrojan las evaluaciones nacionales e internacionales de aprendizaje —como las que realiza la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), con la prueba PISA, y las que diseña el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), con las pruebas Planea—, han demostrado que el país ha retrocedido en materia educativa desde que se implementó la “mal llamada reforma educativa”.

Lorin Anderson, profesor emérito de la Universidad de Carolina del Sur, ha criticado severamente las prácticas que utilizan los docentes estadounidenses para calificar a sus estudiantes. Esta crítica se sustenta en cinco puntos:

En el futuro laboral del siglo XXI se vislumbran dos grandes cambios: un mayor número de procesos productivos automatizados y el uso intensivo de tecnologías digitales aplicadas a las profesiones. Bajo este escenario, se anticipa un desempleo en los estratos sociales más bajos, así como una demanda de especialistas altamente capacitados. Si bien este escenario laboral ya es una realidad en muchos países desarrollados, no es claro de qué manera impactará a los países en vías de desarrollo, que tienen características muy particulares, tanto en lo educativo como en lo laboral. Revisemos algunos indicadores de México:

En fechas recientes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer su intención de reformar a las escuelas Normales. La idea central de este cambio es mejorar diversos componentes de la formación que reciben los futuros docentes, tales como: los requisitos para convertirse en maestro de los normalistas; los planes y programas de estudio, el dominio del inglés y la implementación de sistemas de evaluación que garanticen la calidad de la educación normalista.

En días recientes, académicos de la Universidad de Guadalajara organizaron un seminario con diversos especialistas del país, cuyo propósito fue discutir nuevos enfoques sobre las relaciones entre educación y trabajo en un mundo contemporáneo. Estas relaciones se pueden analizar teniendo dos escenarios posibles: los países industrializados y aquellos en vías de desarrollo.

En días recientes la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer los nuevos planes y programas de estudio que regirán los procesos de enseñanza-aprendizaje de los cerca de 31 millones de estudiantes de la educación obligatoria del país. Dichos planes están diseñados para responder al Nuevo Modelo Educativo (NME) y entrarán en vigor en el ciclo escolar que inicia en agosto de 2018. Con estas acciones se empieza a completar el círculo de la reforma educativa de 2013 la que, a mi parecer, descansa en cuatro pilares fundamentales.

El artículo 31 de la Ley General de Educación y el artículo 63 de la Ley General del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación establecen que este Instituto (INEE) tiene la obligación de rendir un informe anual al Congreso de la Unión, a las autoridades educativas y a la sociedad en general sobre el estado que guarda la educación obligatoria en México.