Si algo se le debe reconocer al Presidente López Obrador es que ha cumplido puntualmente con algunos de sus compromisos más importantes de campaña. No importa que se trate de disparates, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, o que, como en el caso que aquí me ocupa, su tesón se traduzca en un retroceso a un arreglo que ha llevado a que en México tengamos un sistema educativo oneroso e ineficaz, que da pésimos resultados, ha condenado ya a generaciones enteras, desde hace medio siglo, al analfabetismo funcional y ha impedido que el país forme el capital humano necesario para poder competir en las condiciones de la economía global, que para bien y para mal impera en el mundo.

Con la presentación de su iniciativa de reformas al artículo tercero constitucional, el presidente de la República está cumpliendo con un compromiso político: cancelar "la mal llamada reforma educativa". Se trata de una decisión que poco tiene que ver con una preocupación seria sobre el desempeño del sistema educativo mexicano y sus bajos niveles de calidad. Es, en cambio, el cumplimiento de un acuerdo con las corporaciones sindicales del magisterio, tanto la radical como la tradicionalmente dócil y oficialista, a las que prometió echar atrás lo reformado en 2013 a cambio de su apoyo para ganar la elección.

Desde antes de comenzar su campaña formal por la presidencia, López Obrador ha afirmado una y otra vez que cancelará la “mal llamada” reforma educativa. Lo reiteró en los debates y de nuevo usó la frase hecha el día de la reunión de arranque del proceso de transición, en Palacio Nacional, durante la conferencia de prensa que compartió con el espectro de Peña Nieto. Junto con su ofrecimiento de que no haya rechazados en el ingreso a la educación superior, para lo que creará cien universidades, la cantaleta contra la reforma ha sido lo único que el Presidente electo ha planteado sobre educación.

El estado calamitoso de la educación nacional, si de discutir los grandes problemas se tratara, debería estar en el centro del debate electoral. En un país escindido por la desigualdad y la pobreza, pocos asuntos de política pública deberían ocupar mayor atención de los candidatos, pues la falta de un sistema educativo eficiente es una de las principales razones que impiden un mejor desempeño de la economía mexicana en el mercado global. Sin una población educada, con las capacidades suficientes para aprovechar las ventajas del cambio tecnológico, México no tendrá otra ventaja comparativa que vender muertos de hambre a bajo precio. Sin embargo, el tema educativo solo ha aparecido de manera negativa en la campaña, en boca del único candidato que ha colocado asuntos en la discusión.

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