El presidente López Obrador presentó una iniciativa de reforma educativa el 12 de diciembre de 2018. En ella, expresa su convencimiento de que todos compartimos “el propósito de elevar la calidad educativa y de asegurar que la educación se imparta con equidad”. En este marco invitó al conjunto de las fuerzas políticas del país a mejorar su iniciativa: “seguramente aportarán en el proceso de análisis de esta propuesta de reforma, ideas y criterios que la robustezcan y la orienten con precisión a los objetivos buscados”.
Finalmente se cumplió el plazo y ya entró a la Cámara de Diputados la iniciativa para derogar la reforma educativa de 2013, con la idea de que se va a poner punto final a la falta de respeto a los maestros, se abrirá el sistema educativo a su participación y el INEE desaparecerá debido a que es inútil para mejorar los aprendizajes de los alumnos.
Lo dice mi muy admirada Guadalupe Mendoza Zuany con todas sus letras: “El lugar que la educación intercultural bilingüe (EIB) del subsistema indígena ha tenido en la Reforma Educativa iniciada en 2013, es claramente marginal. Esto fue visible desde la definición de los compromisos en educación contenidos en el Pacto por México, y después se corroboró en la reforma constitucional al artículo 3º y la creación y modificación de leyes secundarias. La educación de los pueblos indígenas desde un enfoque de derechos no ha sido un tema explícito en la agenda.”
En conclusión, se propone mantener los avances de la RE actual y luchar porque los cambios que son necesarios garanticen un paso adelante y no un retroceso. Como señala Gilberto Guevara Niebla “Hay que darle continuidad y despojarla de sus imperfecciones, ineficiencias, unas de ellas, muy notorias”. En este marco, se identifican cinco temas fundamentales.
Fox y Calderón se distinguieron por renunciar a la autoridad del Estado en materia educativa y por pactar elecciones, en aras de sustentar el poder, a partir de mantener contentos a Elba Esther Gordillo y su banda. Ante el desastre consecuente a Peña Nieto no le quedó otra que distanciarse de la maestra para ganar la presidencia de la república e impulsar posteriormente, en el marco del Pacto por México, una reforma educativa (RE) que dio lugar a un conjunto de reformas constitucionales y de leyes secundarias, que incluyeron el Servicio Profesional Docente (SPD) y un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) reconvertido en organismo autónomo.
El artículo 2, fracción III, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente (LGDNNA), señala que para garantizar la protección de los derechos de NNA, las autoridades federales, estatales y municipales deberán, en el ámbito de sus competencias, “incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.” En la fracción VII, del artículo 137, se apunta que los Sistemas Locales de Protección tendrán la atribución de establecer en sus presupuestos, “rubros destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, los cuales tendrán una realización progresiva.”
Se dice que un Estado constitucional y democrático se distingue de otras formas de organización sociopolítica por el reconocimiento formal de los derechos humanos y por su garantía práctica. El reconocimiento de los derechos humanos en 2011, y posteriormente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con sus correspondientes leyes estatales, así como la reforma al artículo 3º y la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), sin duda son pasos relevantes para que el constitucionalismo de los derechos sea un rasgo distintivo del Estado mexicano.
Con la entrada del gobierno de Enrique Peña Nieto llegó una reforma educativa que pretendía responder a una amplia demanda de la sociedad. El INEE se constituyó en un organismo público autónomo y quedó encargado de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Tanto la semana pasada como el miércoles de ésta la doctora Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, informó que dará a conocer el gabinete del siguiente gobierno federal, 2024-2030, hasta la próxima semana.
Es una verdad conocida que entre los grandes pendientes nacionales se encuentra el tema educativo. Más que un lugar común es una emergencia real, latente, que duele y que nos mueve a imaginar, proponer y actuar ahora, ¡no hay más tiempo!
En las mitologías existen monstruos de todo tipo; filósofos y científicos sociales recurren a ellos para crear metáforas y proponer ideas; como Hobbes con el Leviatán o Nietzsche con las palabras de Zaratustra. No obstante, el título de esta pieza se inspira en un artículo de Javier Sicilia en Proceso, de hace unos años. Pero no se refiere al Estado sino a otro ente: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
En Puebla, desde el 2015, se desarrolló la iniciativa de Comunidades de Aprendizaje CdA, proyecto formativo a cargo de Vía Educación A.C en México. Desde el año 2020, tuve el primer acercamiento con estos jóvenes entusiastas y profesionales que conformaban el equipo: Roberto Olvera y Sinaí Rojas, para después incorporarse Salma Vargas.
Según datos del INEGI, actualmente hay 4.98 millones de estudiantes de educación media superior en México. Entre los ciclos 2020-2021 y 2022-2023, la matrícula femenina aumentó en un 2.2%, mientras que la masculina disminuyó en un 2.3%. Las mujeres tienen una tasa de eficiencia terminal casi un 10% mayor que los hombres, mostrando una mayor permanencia y éxito escolar. Sin embargo, el primer año de bachillerato sigue siendo el periodo más crítico para el abandono escolar. En los ciclos de la pandemia (2019-2020 y 2021-2022), la matrícula disminuyó un 5.5%, lo que equivale a que unos 283,582 jóvenes dejaron de asistir al bachillerato.