Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil rescato una entrevista que me dio mi querida Paz Lemus, en octubre de 2013, en Zacatecas, Zac., y que yo convertí en un relato en primera persona para escuchar su voz. Aquí se reúnen los riesgos, la losa del machismo, los efectos de la exclusión y la infancia perdida en la lucha por la sobrevivencia, pero también los sueños de una niña a la que la escuela rescató de las garras del trabajo infantil y dio autonomía. Urge que en México un verdadero sistema de protección especial, que ordene tomar medidas pertinentes para eliminar el trabajo infantil y garantizar que todas las niñas, los niños y los adolescentes ejerzan su derecho a la educación y logren alcanzar su máximo potencial.

Hace unas semanas leí “México 2010. Diario de una madre mutilada” (2011), de Ester Hernández Palacios. Desde entonces quiero escribir esta nota, pero no me han dejado la desazón, la pena, las lágrimas. Me siento impotente mientras trato de pensar en cómo me educa una víctima como Ester y su texto, en la lucha contra la violencia en Veracruz.

Bonito el artículo de Juan Villoro del 6 de mayo, en Reforma, en el que cuenta la historia de Rosalba Tepole Quiahua, “una niña que soñaba con elocuencia en náhuatl y en español”, nacida en Zongolica, Veracruz.

¿Qué podemos hacer por un Veracruz tan lastimado por las violaciones de derechos humanos, en particular de niñas, niños y adolescentes? En mi opinión luchar porque el Estado funcione y dar el debate, con inteligencia y corazón, para construir sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes (NNA) que den efectividad a los derechos.

El reciente Informe de la Cuenta Pública 2014, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), confirma que es difícil creer en la buena marcha de la reforma educativa sin que se tomen medidas administrativas y legales que garanticen un buen uso de los recursos públicos en los estados de la república. Y el recorte al gasto educativo deja mucho que desear si lo ponemos en la perspectiva de las prioridades reales del gobierno de la república.

Nuestro reto como sociedad es estrechar la brecha entre el México legal y el México real, entre lo que se dice y lo que se hace. Desde donde estoy veo dos pistas. Una es seguir insistiendo en construir un sistema educativo más equitativo, en términos de acceso y calidad para todos los niños, niñas y adolescentes (NNA). Otra es hacer funcionar el Sistema Nacional, así como a los sistemas locales y municipales, de protección de los derechos de la población de 0 a 17 años, para enfrentar la inequidad educativa a través de garantizar otros derechos. No decirlo, sino hacerlo.

¿Cuál es mi balance del 2015? De claroscuros. Por un lado, finalmente se instaló el pasado 2 de diciembre de 2015 el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SNPIDNNA), luego de una lucha de más de cuatro años. Esta es la mejor noticia para la población de 0 a 17 años y los defensores de sus derechos en mucho tiempo. Por otro, seguimos con una reforma educativa atascada en la polarización y la falta de imaginación. En ambos casos perviven básicamente las políticas de siempre y la inercia presupuestal, en un marco en el que sólo el 17% de niñas, niños y adolescentes del país ejercen todos sus derechos.

Importa el tamaño, pero también la equidad. Dice Aurelio Nuño, titular de la SEP, que esta secretaría “tiene el presupuesto más grande del país” (Reforma, 4 noviembre, 2015), pero no reconoce que es muy inequitativo. Sobre todo le disgusta que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) le indique que el gasto en educación ha tenido una evolución a la baja y que la inequidad en el presupuesto contradiga el espíritu de la reforma educativa (Reforma, 4 de noviembre, 2015).