A dos meses de los sismos ocurridos en septiembre, se sabe que hay más de 8 mil escuelas en la Ciudad de México y 95 mil en el resto de las entidades del país que sufrieron daños parciales o totales. Además, hay 16 mil 136 aulas con algún tipo de daño, específicamente 10 mil 797 sufrieron daños menores, 63 requieren de una reconstrucción parcial, mientras que 276 tendrán que ser demolidas o reconstruidas por tener daños severos. De igual manera, hay aproximadamente 463 mil estudiantes que no han podido regresar a clases y necesitan ser reubicados (Román, 2017a; Moreno, 2017b).

En la actualidad la mayoría de los países en Latinoamérica posee numerosos inmigrantes, entendiéndose como el desplazamiento de los sujetos a través de una frontera internacional o dentro de su país, es decir, fuera del lugar de residencia, teniendo esto implicaciones frente al status económico, identitario, cultural, social e incluso familiar, que en muchos contextos los pondrá en desventaja. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), define migración como “movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos” (OIM, 2006).

Desde inicios del mes de septiembre del 2017 varios acontecimientos golpearon a la República Mexicana, empezando con los huracanes “Irma”, “Katia” y “José” que provocaron suspensión de clases en varios estados del país (Reforma 7 de septiembre del 2017). Posteriormente, dos temblores cimbraron a México, dejando un saldo catastrófico que afectó a los estados de Oaxaca, Estado de México, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México, con más de 350 pérdidas humanas y daños materiales como edificios colapsados o inhabitables. En el sector educativo miles de estudiantes quedaron sin clases ya que se registraron 12,931 escuelas que deben ser reparadas o reconstruidas (González, 2017, 26 de septiembre).

La historia reciente en México parece mostrar que en cada periodo presidencial se repite la creación y presentación de una propuesta educativa que invariablemente anuncia que en el mediano y largo plazo se harán posibles los avances educativos que el país demanda, y aunque, no parece ser suficientemente claro qué es lo que el país demanda, la población no deja de tener esperanza en que la educación posibilita una mejor calidad de vida. Con ello entramos a un círculo, no precisamente virtuoso, donde los avances siguen siendo insuficientes al carecer de una visión crítica e histórica.

La lucha de los sujetos del campo por hacer visibles sus demandas y su identidad en un país tan diverso y vasto como Brasil tiene un referente indiscutible en el Movimiento de los Sin Tierra (MST). Este movimiento se constituyó formalmente en 1984 en la región sur de Brasil cuando sectores desplazados del campo se organizaron para luchar por un pedazo de tierra donde vivir y producir sus alimentos. Los principales factores que explican el surgimiento del MST son: las luchas por la reforma agraria, la lucha contra la dictadura impuesta en 1964 y la crítica al capitalismo. En sus inicios, el MST tuvo un fuerte apoyo de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), creada en 1975. Esta organización estuvo ligada a la teología de la liberación, corriente progresista dentro de la Iglesia Católica que se manifestó por los pobres y los oprimidos. En el particular contexto de Brasil, uno de los sectores oprimidos eran los campesinos desplazados del campo a la Amazonia o a las grandes ciudades por la política modernizante para el campo que aplicó la dictadura militar.

Con el objetivo de ampliar la cobertura del nivel medio superior y de manera especial, el atender a quienes por motivos de distancia o recursos no tenían acceso a éste, en 2013 se puso en marcha un proyecto piloto en este nivel educativo, consistente en la modalidad de Telebachillerato Comunitario (TBC).

En un estudio realizado por UNICEF (2011) sobre la violencia escolar en América Latina y el Caribe, se plantea que aún existen escuelas donde se vulneran los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se reportan casos de castigos corporales, maltrato emocional, abuso sexual, así como una tendencia creciente del acoso entre pares e inclusive de agresiones de estudiantes y, en algunos casos, de padres contra maestros y autoridades educativas.

Conforme los adolescentes mexicanos crecen, la proporción de quienes asisten a la escuela disminuye de manera progresiva, en una proporción que va del 96.3% a los 12 años hasta 40.2% a los 19 años (INEGI, Encuesta Intercensal 2015, 2016). La menor asistencia a la escuela sucede en el rango de edad que corresponde a dos de los ciclos de la educación obligatoria: secundaria y bachillerato.