El 25 de enero de 2016, el secretario de Educación Pública, Mtro. Aurelio Nuño Mayer dio a conocer seis prioridades claves para la transformación del sistema educativo mexicano como parte de un plan de trabajo titulado La Escuela al Centro. Su objetivo: mejorar la organización de las escuelas para llevar la reforma educativa a las aulas.

En México, las políticas y servicios dirigidos a la atención de la primera infancia siguen siendo una materia pendiente. El incendio de la guardería ABC, el 5 de junio de 2009, en Sonora, donde murieron 49 niños y 70 resultaron heridos, evidenció las consecuencias de la falta de coordinación y aseguramiento de la calidad en los servicios de atención a los niños pequeños en nuestro país. Aunque diversos estudios han mostrado que la primera infancia es “una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niño y niña, y es la etapa más vulnerable del crecimiento”[i], las políticas dirigidas a este sector son escasas. Aunado a ello, hay una multiplicidad de enfoques y términos para referirse a esta etapa[ii] y persisten “lagunas importantes en cuanto a datos e investigaciones… más allá de los indicadores del sector salud –mortalidad, desnutrición y crecimiento-“[iii].

En Argentina, casi 12 millones de personas, esto es, alrededor del 30% de la población, se encuentra cursando algún nivel educativo. La educación primaria y la educación secundaria reportan cada una la asistencia de casi un 11%, mientras que la educación superior no universitaria un 2%, y el universitario el 5% de la población (Anuario Estadístico Educativo, 2014; Anuario de Estadísticas Universitarias, 2013, del Ministerio de Educación de la Nación). Tal como señala Dussel (2004), al igual que en varios países centrales, en Argentina la desigualdad se percibe más duramente “hacia arriba”, específicamente en los niveles que superan la educación básica.

En México llevamos más de diez años aplicando evaluaciones a gran escala con el propósito de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Una de las primeras evaluaciones de este tipo, cuyos resultados se hicieron públicos, fueron los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (EXCALE) aplicados por el INEE del 2005 al 2013; un año después, la SEP iniciaría la aplicación en todas escuelas de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE). Además nuestro país también ha participado en evaluaciones internacionales como la prueba PISA de la OCDE (desde 2003 cada tres años), así como en el Segundo y Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE en 2006 y TERCE en 2013), organizados y coordinados por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO.

En El Salvador, con base en la Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución de la República establece en sus artículos 53 y 56 que la educación es un derecho inherente para todos sus ciudadanos. La constitución establece también que la educación parvularia y básica son una obligación del Estado para con sus ciudadanos y que las mismas y la educación media serán gratuitas cuando las imparta el Estado. Además de garantizar el servicio educativo, la constitución en su artículo 55 profundiza en los fines o en lo que se espera alcanzar con la educación de los salvadoreños: “La educación tiene los siguientes fines: lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social; contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana; inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes; combatir todo espíritu de intolerancia y de odio; conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña; y propiciar la unidad del pueblo centroamericano" (Sección III, Artículo 55 de la Constitución de la República de El Salvador).

Con motivo de la jornada de evaluación del desempeño docente a los maestros de Oaxaca el 28 de noviembre del 2015, Aurelio Nuño, secretario de Educación, ha señalado que “en la evaluación de los maestros de Oaxaca de la semana pasada, hubo una participación de casi 3 mil docentes, esto es el 45 por ciento de los convocados. Y (…) a pesar de los intentos de algunos líderes de la CNTE por “sabotear” el proceso, éste se realizó “sin mayores incidentes”. En ese estado ha habido diversas resistencias, derivadas de “algunos de los líderes de la sección 22 que no quieren que avance esta reforma, ya que no quieren perder sus privilegios y han querido tener resistencias” (La Jornada, 1/12/2015).

La reforma educativa, que fue hecha constitucional en febrero de 2013, tuvo como motivaciones iniciales aumentar la calidad de la educación básica y recuperar la rectoría del Estado Mexicano en el sistema educativo nacional. Esta última era una demanda añeja, que reconocía que la educación se había convertido en un botín de negociaciones políticas entre el SNTE y los partidos políticos en el poder, donde el gobierno declinaba sus obligaciones en materia educativa a cambio del respaldo cupular del sindicato y su más de un millón de agremiados.

México es el país de las desigualdades como dijo A. Humboldt (1804) y nos recordó Felipe Martínez Rizo (2002). Siendo obligatoria desde 1877, la educación primaria tuvo "cobertura universal" hasta un siglo después, prevaleciendo serias desigualdades de la población para permanecer y culminar ese ciclo educativo. En 1993 se declaró la obligatoriedad de la educación secundaria, comprometiéndose el Estado a expandir la cobertura de ese nivel, lo que hizo de modo lento y diferencial, afectando todavía a un sector de población que no tiene pleno acceso ni las oportunidades para culminar dicho ciclo escolar.