El trabajo de los educadores de educación básica primaria, como se sabe, es una labor muy compleja, que implica una alta demanda intelectual, gran compromiso social, empeño profesional y vocacional, pero lo es particularmente si éste se realiza en escuelas ubicadas en los contextos rurales, escenarios educativos que en algunas regiones de México son considerados vulnerables y adversos para la realización del trabajo docente, donde el profesorado incluso compromete su integridad física y psicológica (Ibarra-Aguirre et al., 2014; Ibarra-Aguirre et al., 2018).  

Carlos Gil Jurado Miembro de la Red Temática de Investigación de Educación Rural En el acto de pensar está encerrada toda la esperanza Max Horkheimer El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente. Es interesante constatar que la globalización, a pesar de todos problemas que trae consigo, ha suscitado un creciente interés por volver a pensar el mundo rural. Como observó Rubio (1996), la exclusión del campesinado en las diversas propuestas de desarrollo implementadas en América Latina, no sólo significó la quiebra de las economías agropecuarias sino también una profunda crisis en todas las estructuras propias de esta forma de vida, lo cual condujo a la necesidad de volver a pensar el mundo rural, en todas sus dimensiones. La propuesta de una nueva ruralidad (IICA, 2000), constituye un buen ejemplo de este tipo de respuesta frente al campesinado y su mundo. Ello, sin embargo, no es garantía de que esta forma de vida encuentre un lugar digno y adecuado dentro del nuevo orden que implica la globalización. En efecto, quienes se ocupan tanto de pensar las políticas “adecuadas” para el mundo rural, como aquellos que tienen a su cargo la responsabilidad de implementarlas y el desafío de que éstas conduzcan a resultados que no sólo se correspondan con las necesidades reales de esta expresión de vida, sino que también produzcan los efectos deseados, enfrentan problemas y desafíos interesantes. En particular, vale la pena resaltar lo que podría denominarse el problema del discurso y con ello se hace referencia tanto a los fundamentos conceptuales y los presupuestos que guían, como a la construcción de las propuestas y los criterios con los cuales se implementan. En particular, es de interés aquí la cuestión del discurso de los maestros y las maestras que tienen a su cargo los asuntos de la formación de las nuevas generaciones de hombres y mujeres rurales. Para el diccionario de la Real Academia Española, la noción de discurso hace referencia a un ejercicio racional mediante la cual se infieren unas cosas de otras; asimismo, se define como una reflexión o raciocinio, ya sea oral o escrito, sobre ciertos principios o presupuestos. Es decir, el discurso se convierte en un conjunto de presupuestos, reflexivos y racionales, mediante los cuales se pretende, ya sea convencer a otros sobre su sentido y pertinencia, ya para que sirvan como una guía o manual que fundamente y justifique determinadas acciones. Desde la perspectiva crítica (Habermas, 1992), se considera que el discurso encierra una propuesta epistemológica y social y, por lo mismo, puede conllevar a la alienación del individuo y a la manipulación social o a la generación de condiciones propicias para la emancipación tanto personal como social. He ahí su gran importancia. El discurso, en efecto, es una construcción social y lingüística que interesa no sólo por las cuestiones propias del lenguaje, sino por cuanto los conceptos, los signos y los asuntos de connotación y denotación, entre otros componentes, muestran cada vez con mayor claridad que los mensajes o los enunciados están lejos de ser asépticos, neutrales o inocentes. Como plantea Santander (2011, p. 208), “el lenguaje no es transparente, los signos no son inocentes, que la connotación va con la denotación, que el lenguaje muestra, pero también distorsiona y oculta, que a veces lo expresado refleja directamente lo pensado y a veces sólo es un indicio ligero, sutil, cínico”. Por ello mismo, para Habermas (1992) resulta crucial la acción comunicativa como elemento clave para entender la sociedad y el orden que la caracteriza, puesto que los actos de habla implican, si hay entendimiento, comprensión y compromiso, una guía para la acción, para la interacción y, por consiguiente, para la construcción o la reproducción de algo Ahora bien, la educación de estos tiempos se ha convertido en un campo a veces fecundo, a veces confuso, en el cual confluyen conceptualizaciones y posturas teóricas, filosóficas y políticas, entre otras que, sin duda, exigen de los educadores un buen nivel de cuidado, claridad y precisión en la construcción/adopción conceptual y discursiva, a fin de que su labor tenga la cohesión, la solidez y la pertinencia que aseguren el impacto deseado. Como observa Bauman (2004), mantener una actitud crítica y constructiva de tal manera que la “fluidez” de las nuevas elaboraciones no impida la construcción de “sólidos” logros que, a su vez, puedan ser transformados, se impone como condición para enfrentar la dureza de unos tiempos, en los cuales, cómo observa Hargreaves (1996), se hace impostergable cambiar las reglas de juego tanto de la enseñanza como del trabajo docente, si se desea responder creativamente a los desafíos de la Globalización En efecto, en un momento histórico en el cual, observa Sacristán (2005), es visible y poderosa, pero a la vez, deslumbrante y truculenta la presencia de la metáfora, se impone la necesidad de cambiar las reglas de la formación docente. Es decir, se hace necesario dotar a maestros y maestras de los elementos y las herramientas que les permitan auscultar las nuevas metáforas (nueva ruralidad, posdesarrollo, pedagogías decoloniales, epistemologías del sur), de tal forma que construyan, colectiva y participativamente, discursos pertinentes y críticos, que den al quehacer docente, no sólo unidad, sino también un claro sentido de compromiso, más allá de lo académico. Se hace importante reconocerse en y por el discurso y, como dice Hargreaves (1996, p. 13), generar un trasfondo que permita “poner en juego aquellos valores políticos y morales que consideramos deseables en unas prácticas educativas que merezcan tal denominación”. La formación de los maestros rurales requiere de este esfuerzo formativo, dado que la formación tradicional y la práctica misma que ésta implica, observa Martínez (2008), muestra como cuestión predominante la presencia de un vacío en la formación de las subjetividades docentes, dada la ausencia de un discurso epistemológico, político y social, lo cual conduce a la instrumentalización del trabajo en el aula y al descuido en el compromiso social del docente. Ello, sin embargo, no quiere decir que los docentes rurales no sientan y asuman las precariedades de esta forma de vida, sólo que la balcanización, la rutinizacion y la desarticulación (Santos, 2001) del quehacer educativo hace difícil la construcción del discurso compartido que, asumiendo el carácter líquido de estos tiempos, permita, sin embargo, la construcción de nuevos sólidos, según la idea de Bauman (2004). No basta, por consiguiente, que el docente rural adquiera y contextualice los elementos básicos de la cultura o que asuma determinadas metodologías para el trabajo de aula; se hace, igualmente, necesario, como observan Ruiz y Prada (2012), que este maestro y esta maestra se reconozcan en un discurso crítico orientador de una práctica educativa que implique no sólo un claro esfuerzo formativo, sino también una postura frente al mundo y la realidad, en aras de contribuir a su transformación. Es innegable que asuntos como la cobertura y la infraestructura resultan de claro interés social y gubernamental, pero los asuntos de calidad y pertinencia, que son los que hacen realmente efectivo y valioso el derecho a la educación, no se lograran si los docentes rurales no participan en procesos de formación que se orienten a fortalecer las capacidades de pensar, comunicarse y convivir. Durante el desarrollo de la modernidad se llamaba la atención sobre la teoría como un elemento valioso del pensamiento y del conocimiento, tanto para generar identidad en el desempeño profesional, como para tener la capacidad de iluminar la práctica (Harvey, 1983); para estos tiempos, ricos, pero igualmente confusos en metáforas, la cuestión del discurso resulta crucial en igual sentido, dado que permite no sólo generar identidad y sentido en el quehacer docente, sino también porque da al maestro claridad y criterio acerca de cuál es la naturaleza tanto de las diferentes metáforas en juego, como de su compromiso con las comunidades rurales, que ven en él un actor social de crucial importancia (Zamora, 2005) para sus posibilidades con miras al futuro. Referencias bibliográficas Bauman, Z. (2004). Modernidad Liquida. México: FCE. Habermas, J. (1992). Teoría de la Acción Comunicativa. Madrid: Taurus. Hargreaves, A. (1996). Profesorado, cultura y postmodernidad. Madrid: Morata. Harvey, D. (1983). Teorías, leyes y modelos en geografía. Madrid: Alianza. IICA (2000). Nueva Ruralidad. Bogotá: Universidad Pontifica Javeriana. Martínez, M. C. (2008). Redes Pedagógicas: la constitución del maestro como sujeto político. Bogotá: Magisterio. Rubio, B. (1996). Campesinos y Globalización: reflexiones de fin de siglo. Revista Comercio Exterior, 48(8), 632-635. Ruiz, A. y Prada, M. (2012). La formación de la subjetividad política. Buenos Aires: Paidós. Gimeno, J. (2005). La educación que aún es posible. Madrid: Morata. Santander, P. (2011). Por qué y cómo hacer análisis de discurso. Revista Moebio (412), 207-224. Santos, M. Á. (2001). Enseñar o el oficio de aprender. Madrid: Morata. Zamora, L. F. (2005). Huellas y Búsquedas. Bogotá: Fundación Universitaria Monserrate.

Educación en favor de la paz Dos años antes de la reforma de la educación básica de 2017, México fue uno de los 193 países que aprobaron el documento promovido por la UNESCO Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y aceptaron cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas. Al mismo tiempo, participó en el Foro Mundial sobre la Educación 2015 y adoptó el concepto de calidad de la Declaración de Incheon que considera la educación para la ciudadanía mundial (ECM; UNESCO, 2015a, p. 8).

En un contexto nacional de cierre de instituciones educativas debido a la emergencia del coronavirus, han salido a relucir las enormes inequidades del sistema educativo nacional. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció el programa Aprende en Casa, mediante el cual se aspira a que los estudiantes continúen trabajando con contenidos curriculares desde sus hogares y así no pierdan el ciclo escolar. Sin embargo, este programa está apoyado en el trabajo mediante recursos tecnológicos tales como tabletas, computadoras, teléfonos celulares y televisión. Lo anterior desconoce la limitada disponibilidad de esos recursos en buena parte de los territorios rurales: en 22% de los hogares se cuenta con alguna computadora, 47% de sus pobladores tienen acceso a internet y 58% a telefonía celular (Mejoredu, 2020). 

La crisis sanitaria que ahora azota a la humanidad tiene el mérito de poner a prueba todos aquellos aspectos relacionados con las “seguridades” sobre las cuales se cimentaron la vida personal, la vida social y las innumerables creaciones resultantes.

Según lo contemplado en el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), este país suscribe “tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos”. Entre éstos está el Derecho a la Educación. En el mismo texto constitucional, el artículo 3 refiere que: “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”. 

En esta segunda entrega, extensa por necesidad, se analizan los datos generados por instituciones gubernamentales y no gubernamentales que refrendan uno de los doce indicadores a los que recurre el centro de estudios Fund for Peace para elaborar el Índice de Estados Fallidos. Para entrar en materia, el siguiente cuadro es un comparativo entre los índices de fragilidad de los Estados.

Cuba es un país que tiene 69.4% de las escuelas situadas en zonas rurales. En tal sentido, la educación rural se establece como un sector de valor para la nación, que está logrando la intención trazada por el Ministerio de Educación, de que los educandos reciban un proceso docente-educativo de calidad, que el aprendizaje mejore recibiendo el contenido de las actividades previstas desde el contexto rural.