En diciembre de 2018, Fernando Reimers, de Harvard, pidió a diez personas que habían tenido responsabilidades de alto nivel en secretarías o ministerios de Educación de varios países un ensayo donde compartieran con sus sucesores algunas reflexiones sobre las complejidades y desafíos del cargo, luego reunidos en un libro (Letters to a New Minister of Education, 2019).

Las opiniones políticamente correctas han insistido en justificar los problemas de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca por sus singularidades históricas, étnicas y sociales, pero dejan de lado que éstas son la consecuencia de los arreglos políticos engendrados por décadas entre los liderazgos estatales y la CNTE y otros grupos, de los enormes grados de improductividad e ineficiencia de sus economías y de la visión con que se ha abordado la mayoría de sus políticas públicas. Por ende, en la combinación perversa de estas variables radica la explicación del atraso social y la estafa educativa que ha asolado a esas entidades y que, por lo visto, se va a profundizar en los próximos años.

A la Reforma Educativa emprendida por la administración Peña Nieto le sucedió un fenómeno paradójico. Por un lado, su análisis transcurrió por tres distintos carriles que omitieron el más relevante —los datos duros—, pero, por otro, sus logros concretos consiguieron que al final fuera la reforma mejor valorada por la sociedad mexicana, con 64% de aprobación según una encuesta nacional de BCG realizada en diciembre de 2017.

Si bien México se incorporó a este organismo apenas en la década de los 90, desde 2014 preside el Consejo Directivo y desde allí hemos impulsado el cumplimiento de las Metas Educativas 2021 y de la Agenda 2030. Entre otras cosas, estos años se dio un vigoroso impulso a la movilidad académica con el Programa Paulo Freire para la formación de docente, se promovió el lanzamiento del Instituto Iberoamericano de la Primera Infancia y se alentó una discusión amplia sobre los fines de la educación en el siglo XXI, en una región tan vibrante como desigual.

Si bien formo parte de un Gobierno, escribo desde la más absoluta libertad política, personal e intelectual a la que, como simple ciudadano, tengo derecho. Por ende, la ejerzo para decir que votaré por José Antonio Meade, el candidato presidencial de la coalición Todos por México.

De suyo, es una buena señal que ahora muchos hablen de la reforma educativa diseñada e instrumentada por la administración del presidente Peña Nieto. Prácticamente todos los días hay informes y artículos en los medios comentando algunos de sus componentes; en Google aparecen 3 millones 140 mil entradas; se ha convertido en parte relevante de la agenda electoral; existen 167 iniciativas y puntos de acuerdo en trámite en el legislativo federal y, según las encuestas, 64 por ciento de la población dice aprobarla.  La pregunta es entonces ¿por qué tanto interés sobre algo de lo que pocos se ocupaban hace 10 años? Porque esta reforma estructural es la más importante que se ha hecho en México desde los años sesenta del siglo pasado. Por tanto, la cuestión relevante es porqué consolidar su ejecución y defenderla frente al oportunismo y la demagogia, ya sea electoral, pseudoacadémica, civil o mediática, es una alta prioridad.

Si, como decía Bismarck, “nunca se miente tanto como antes de las elecciones”, entonces la reforma educativa mexicana, que de todas las que ha realizado la Administración Peña Nieto es la mejor evaluada, estará en grave riesgo si su continuidad se ve amenazada como parte del mercadeo electoral que sucederá en los próximos meses. Dicho con claridad: frenarla o, peor aún, revertirla, sería un abuso inmoral y grosero en contra de los niños de México.

Insistir en los clichés —"reforma sí, pero no así", por ejemplo — para embestir contra ella es más bien un recurso para socavarla, porque diluye los cotos de poder en que los viejos intereses se sentían muy cómodos, porque anula lugares comunes camuflados como hipótesis académicas o porque era más fácil mirar hacia otro lado para no registrar la descomposición de algunos de los procesos de la gobernanza educativa mexicana.