Estimados candidatos y candidatas, me permito hacerles las siguientes preguntas como parte del debate o entrevistas durante sus campañas políticas para ocupar un cargo dentro de la administración pública. Sin duda, sus respuestas permitirán justificar el voto a emitir próximamente.

Inició el mes de marzo y también las campañas presidenciales 2024. El proceso electoral se puso en marcha. Las candidatas Claudia Sheinbaum Pardo de la Alianza Sigamos Haciendo Historia y Xóchitl Gálvez Ruiz de la Coalición Fuerza y Corazón por México así como Jorge Álvarez Máynez del partido político Movimiento Ciudadano aspiran gobernar a México en los próximos seis años.

La educación, en armonía con el mundo que nos rodea, es un proceso en constante evolución que se adapta a los cambios globales. Ante los desafíos que estos cambios presentan, surge la necesidad de innovar y aplicar métodos efectivos para asegurar el aprendizaje continuo.

La educación es la mejor inversión para desarrollar el capital humano de cualquier país. Esta debe incluir en sus claustros a todos los niños y adolescentes, con el propósito de alcanzar el progreso sostenido. Es necesario comprender que la única riqueza segura, es el poder del cerebro de la gente potenciada por la educación.

En México se acerca el cierre del periodo gubernamental 2018-2024. El próximo 02 de junio se llevarán a cabo los comicios para elegir a las y los representantes del poder ejecutivo y el legislativo para el periodo 2024-2030. Las y los candidatos ganadores entrarán en funciones el próximo 01 de octubre del presente año.

El pasado 12 de julio, el Observatorio Filosófico de México (OFM) realizó el conversatorio “Enseñanza de la filosofía en el Bachillerato” (se puede revisar aquí: https://goo.su/OZ7SSzs), en el que participaron docentes profesionales de la filosofía, quienes aportaron diversas y valiosas reflexiones sobre la propuesta de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y la enseñanza de las diversas disciplinas filosóficas y las humanidades en la educación media superior (EMS).

Eduardo Grajales En los últimos treinta años el sector educativo ha sido pieza clave en el diseño de las agendas políticas gubernamentales en diferentes países de América Latina (AL), que buscan ponerse a la vanguardia de las potencias mundiales para alcanzar un mayor desarrollo económico y humano. Entonces y hasta ahora, de Argentina a Cuba se han impulsado múltiples reformas educativas que han polemizado al sector político, académico y social al involucrar cambios profundos a nivel curricular, pedagógico, filosófico y metodológico, sugeridos mayoritariamente por organismos internacionales cuya ideología neoliberal muchas veces se contrapone con la de la región. En México no hemos sido ajenos a esta situación. En la pasada administración vivimos quizá el más cruento desenlace que ha tenido una reforma educativa en la historia reciente de nuestro país, la cual no solo resultó fallida, sino derogada por el gobierno sucesivo que, paradójicamente, sufre también las consecuencias de impulsar una contrarreforma con esencia neoliberal. Estas mismas complicaciones, en mayor o menor medida, las viven y han vivido países como Bolivia, Chile, Ecuador, Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, entre otros, como puede constatarse en el libro Políticas Educativas en América latina, Reformas, Resistencia y Persistencia, cuyo coordinador es el académico mexicano, Carlos Ornelas, lectura que recomiendo porque me parece de gran relevancia para comprender el tema en cuestión. A través de este interesante documento de educación comparada, que agrupa una serie de conferencias magistrales de especialistas internacionales, se identifican puntualmente los recovecos de distintos proyectos educativos latinoamericanos, y se analizan sus trasfondos desde la visión de los expertos quienes señalan sus aciertos, yerros y los avances que se han obtenido en el intento. La conclusión que en lo personal me dejo este libro, es que todos esos países han hecho grandes esfuerzos por modernizar sus sistemas educativos y encontrar una ruta auténtica que les permita gestionarlos con los mayores enfoques de calidad. Infortunadamente, sus logros no han sido los esperados por aspectos culturales, políticos, pero sobre todo por encontrados intereses económicos. Su educación, incluyendo la de México, ha avanzado, sí, pero a paso lento y poco significativo. Asimismo, se concluye que una reforma educativa no basta solo con un diseño adecuado y una correcta planificación y legalidad, requiere de una alta capacidad política para legitimarla en todos los entornos, lograr consensos entre los actores gubernamentales que la promueven con otras fuerzas políticas casi igual de relevantes, necesarias la más de las veces para su apropiada operatividad, como sindicatos, asociaciones de padres de familia, organismos empresariales, académicos, entre otros. Quizá este sea el gran reto de la próxima administración presidencial, encontrar una ruta que le permita cohesionar a todas esas fuerzas en un gran proyecto educativo que permita apalancar hacia el desarrollo económico y social que le urge a nuestro país.

Aunque reformado en 1993, en el artículo tercero constitucional, que plantea el marco jurídico fundamental en materia educativa en nuestro país, prevalece el criterio -resabio de la influencia positivista de su origen- de que la educación se basará en “el progreso científico” y “luchará contra la ignorancia y sus efectos” que señala son las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.