Impulsar el enfoque de la Interculturalidad para Todos en el Sistema Educativo Nacional (SEN) de México, abarcando desde la educación básica hasta la superior, es el propósito del documento intitulado: “Una agenda intercultural para la educación nacional”

Luis Alan Acuña Gamboa* A casi 250 años de que las sociedades mundiales vieran nacer la máquina de vapor de Boulton y Watt (1774) —siendo...

El abandono o deserción escolar, es un fenómeno que se manifiesta principalmente en la Educación Media Superior (EMS) y que ha sido poco atendido durante las últimas décadas en nuestro país. Ello, pues, antes de 2012, este nivel educativo no era considerado obligatorio y los objetivos principales en la agenda de educación se habían enfocado en lograr la cobertura y la enseñanza de conocimientos elementales en la educación básica[1].

Hace un mes, en este espacio, reflexioné sobre el alcance de los foros sobre la educación en la construcción de un “acuerdo nacional” e hice un llamado a las autoridades entrantes a seguir abriendo espacios para la participación, y a la sociedad a aprovecharlos. No es una buena señal que en las semanas intermedias, hemos visto una reducción de estos espacios.

La evaluación se ha instalado como la panacea de los gobiernos nacionales e internacionales, que han secundado especialistas, investigadores educativos y tomadores de decisiones para vigilar y controlar los sistemas educativos en función de los niveles de desempeño de los docentes mediante pruebas de evaluación estandarizadas. La estandarización se ha establecido en la evaluación de docentes, instituciones y sistemas educativos. En ese sentido, la evaluación se ha asumido como dispositivo de selección, promoción, premiación, castigo y como instrumento simbólico e ideológico para mantener las estructuras sociales de la clase élite, la cual usa las evaluaciones para mantener y conservar su lugar en la sociedad, adoptando criterios y estándares cuantitativos (eficiencia y productividad de los sistemas educativos), desprovistas de cualquier componente pedagógico.

En una colaboración anterior expliqué los alcances del Convenio 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1949 y ratificado por México en 2018 (https://goo.gl/s5PCfF, ¡sesenta y dos años después!

Con la más congruente y la más adecuada actitud política el nuevo gobierno federal ha recibido en tres ocasiones, 27 y 28 de octubre, y 7 de noviembre, a representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La naturaleza discriminatoria de nuestro sistema educativo tiene, entre múltiples expresiones, la segregación de las personas con discapacidad. Basta echar un vistazo a datos estadísticos para justificar la aseveración anterior: por un lado, el analfabetismo entre personas con discapacidad es de 22.6%, cuatro veces mayor que el del total de la población (5.5%) (INEE, 2017b, p. 82); por otra parte, en cuanto a la escolaridad de las personas con discapacidad de 15 o más años de edad, en 2016, era de 5.5 años, mientras que la de las personas sin discapacidad, era de 9.6 años (INEE, 2017b, p. 128). Si bien sería injusto para la escuela achacarle la responsabilidad absoluta de lo anterior y pretender aminorar la influencia de condiciones sociales, económicas y culturales, es digno de análisis el estado que guarda la educación nacional en relación a la atención a grupos en condición de vulnerabilidad y, en particular, de las personas con algún tipo de discapacidad.