Alterando sus respectivos estatutos sindicales el petrolero Romero Deschamps y el líder nacional del SNTE indebidamente adelantaron sus elecciones nacionales internas y prorrogaron sus mandatos hasta el año 2024. Escribimos acerca de este tema a fines de 2017.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como lo mencionamos aquí la semana pasada, anunció 50 lineamientos para acabar con la corrupción e instaurar un régimen de austeridad en la Administración Pública Federal (APF). En el número 18 quedó anotado: “Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”.

Cuando pensamos en educación, diseñamos política educativa, cuando trazamos prioridades y líneas de acción, y a la hora de implementar, es de vital importancia preguntarnos, “¿qué necesita un niño para no sólo estar en la escuela, sino también aprender y participar?”.

La maestra Gordillo no fue a prisión ni por evasión fiscal ni por lavado de dinero ni por delincuencia organizada. Fue a prisión por el motivo político de oponerse a la vinculación de la evaluación docente y la permanencia en el empleo en la reforma educativa. Los integrantes del actual CEN del SNTE se quedaron a cargo de lo que ahora lamentablemente es un changarro precisamente por la actitud contraria: por aceptar la vinculación entre evaluación y permanencia. Que no digan ahora que “ratifican” no sé cuál lucha. Es falso.   

A través de la historia, la educación superior en México ha representado el eje fundamental para el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, a la vez de formar al capital humano con altas capacidades que el mercado laboral precisa para el despegue económico, social y educativo tan necesarios para nuestro país. Entre las décadas de los 70 y 80; el auge y la demanda de la población estudiantil por educación superior, que según datos de la ANUIES crecía a una tasa promedio anual de 15%, obligó a la proliferación de Instituciones de Educación Superior (IES) tanto públicas como privadas.

En el proyecto de nación 2018-2024, dado a conocer en noviembre del año pasado por el ahora virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no se hizo alusión alguna a la educación básica y, en específico, la educación secundaria, salvo referir que se ampliará la cobertura en todos los niveles educativos.

De manera contradictoria, la educación obligatoria dista de ser universal. Si bien es un mandato constitucional que todo mexicano curse desde la educación preescolar hasta la educación media superior, según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE,2018a, p. 282), para el ciclo escolar 2016-2017 existían más de tres millones de niños y jóvenes que no estaban matriculados en su nivel correspondiente dentro de los que comprende el tramo educativo obligatorio. Así pues, por diversas razones, había una gran cantidad de niños y jóvenes que no tenían las posibilidades de ejercer su derecho a la educación. La presencia y ausencia de alumnos en la escuela se resume en la siguiente proporción: por cada alumno fuera de la escuela (3,325,310 en total) existen diez dentro de ella (30,112,010 en total) (INEE,2018a, p. 282).

Un elemento básico del perfil poblacional y sociocultural del México indígena actual consiste en que un número creciente de familias indígenas viven en entornos urbanos severamente marginales y sin servicios básicos. Más de la mitad de los indígenas de México habitan, ya, en zonas urbanas y no en el campo (54 por ciento). Además, la población indígena estimada (2010) es de alrededor de 17 millones (INEGI); es decir, 15 por ciento de la población total, y no el 10 por ciento, o menos, que todavía se maneja en muchas esferas de la administración pública, con implicaciones que resultan en una menor asignación de recursos gubernamentales a regiones indígenas.