El 16 de febrero de este año, tuve el gusto de presentar una ponencia sobre el examen de admisión a la universidad en China (coloquialmente conocido allá como gaokao), en el marco del Diplomado en Estudios sobre Asia organizado por el Seminario Universitario de Estudios Asiáticos de la UNAM.

Hoy la escuela pública en sus diferentes niveles está en situación de vulnerabilidad debido a los impactos que se han tenido por la reforma educativa promulgada el 26 de febrero de 2013 donde se permite su privatización y a su vez da las facilidades para que los consorcios mercantiles internacionales puedan lucrar con la educación en México.

El tener la oportunidad de estudiar la Maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación en una de las Universidades más importantes de nuestra nación, es un gran privilegio y una gran responsabilidad; la cual me ha permitido comprender la evolución de la educación y el papel que esta juega en el desarrollo de todas las sociedades.

Pensar en el derecho a la educación es pensar lo digno de ser pensado. Y cuando ese derecho del siglo XX se consagra como derecho social fundamental, como en más de un sentido puede interpretarse la Constitución mexicana, entonces hablamos de exigir la garantía, por parte del Estado, de “la igualdad de los seres humanos, su igual dignidad y la satisfacción de las necesidades reputadas como vitales”. La exigencia del respeto al derecho fundamental a la educación de calidad para todos los mexicanos va dirigida entonces, necesariamente, en la lógica jurídica, a los poderes públicos de México.

Desde 2013 el país ha estado inmerso en un profundo debate sobre la naturaleza, magnitud e impacto esperado –o deseado– de la reforma educativa que se plasmó en el Artículo 3º Constitucional y las Leyes Reglamentarias correspondientes. En esta reforma, a diferencia de las anteriores, no se plantea como eje central el cambio curricular.

La planificación y gestión del sistema de educación normalista, encargado a la Subsecretaría de Educación Superior, es un proceso orientado a una tarea de la más alta prioridad nacional: formar a los futuros docentes en las competencias didácticas y pedagógicas que los habiliten a educar a las nuevas generaciones, sobre todo del sector rural. Con la actual reforma educativa, la educación normalista pasó a estar regularizada en el marco del Servicio Profesional Docente (SPD), hecho que no sólo tuvo impacto en la reorganización laboral sino también en el campo de la formación docente, frente a lo que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha gestado masivas expresiones de resistencia. En el marco de la reforma educativa en marcha fue anunciado, a raíz del Tercer Informe de Gobierno en septiembre de 2015, el Plan Integral de Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento de las Escuelas Normales (PIDIRFEN). Los 10 puntos que este plan impulsa son (Natalia Gómez Quintero, El Universal, “Alistan nuevo modelo educativo para las normales”, 02.09.15):

El libro de Carlos Ornelas, Política, poder y pupitres: crítica al nuevo federalismo educativo (México: Siglo XXI Editores, 2010; segunda edición) toma como punto de partida el Acuerdo nacional para la modernización de la educación básica, con la finalidad de hacer un análisis exhaustivo del aspecto político de la política educativa en México. Tocando puntos nodales que sucedieron desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta el de Vicente Fox.

De los 30 colegios estatales y dos (Oaxaca y Distrito Federal) que pertenecen y dependen administrativamente de oficinas nacionales de Conalep, podemos referir que aunque existen sindicatos en casi todos los Estados, sin contar los sindicatos destruidos por los gobiernos estatales de Colima, Querétaro y Guanajuato, los demás han pasado y están pasando por innumerables sacrificios para sostenerse. La embestida del patrón no ha sido menos, usando todo el poder por aniquilarlos, cumpliendo uno de los requisitos que exige la política económica neoliberal, nada de sindicatos, de ahí como ejemplo, la reforma educativa que en el fondo no es más que destruir derechos del magisterio y con ellos el sindicato.