En los años recientes varios países de Asia Oriental y del Sudeste Asiático han destacado por sus resultados en pruebas internacionales estandarizadas que incluyen como objeto de evaluación el desempeño en matemáticas. Es el caso de la prueba PISA de la OCDE y también del examen TIMSS a cargo de la Asociación Internacional para la Evaluación de Logro Educativo (IEA).

La semana pasada comentamos aquí los primeros resultados de la prueba PLANEA-2017 e hicimos notar la persistencia de graves problemas en el área de matemáticas. Las dificultades para que todos los estudiantes, al menos la mayoría, logre los objetivos de la disciplina en educación básica es una preocupación que se comparte en la mayoría de los países, avanzados y subdesarrollados. Es un problema no resuelto e implica una tensión entre la retórica de la sociedad del conocimiento y la contundente realidad según la cual apenas un segmento de la población, una élite, logra capacidades para desempeñarse exitosamente en el nuevo entorno.

Esta semana comenzaron a darse a conocer los resultados de la evaluación de estudiantes del último año de bachillerato conocida como prueba PLANEA. Las siglas de dicha evaluación significan Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes y se propone “conocer la medida en que los estudiantes logran el dominio de un conjunto de aprendizajes esenciales en diferentes momentos de la educación obligatoria.” Las pruebas PLANEA vinieron a reemplazar a la anterior evaluación ENLACE, esto es la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares.

Se acaba de publicar el Cuaderno 46 del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) titulado “México en el proyecto TALIS-PISA: Un estudio exploratorio”. El volumen tiene como coautores a Eduardo Backhoff, director del Instituto, y Ramsés Lira Baroja, Glenda Patricia Guevara y Yareli Morán Acevedo. El estudio reporta los resultados de la exploración, en el contexto mexicano, de dos bases de datos relacionadas, ambas derivadas de ejercicios de evaluación diseñados por la OCDE: el Programa Internacional de Evaluación de Alumnos (PISA), en su edición de 2012, y la Encuesta Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS), con datos recogidos en 2013.

Aún está por definirse cómo transcurrirá la selección del abanderado del PRI en la contienda presidencial del 2018, y no se sabe en cuándo y en quien va a recaer la nominación respectiva. Sin embargo, hoy es claro que uno de los competidores relevantes en la carrera por la candidatura será el actual secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer.

De la primera ronda de renegociación del TLCAN (Washington, 16 a 20 de agosto) pocos resultados concretos. Se trató, según ha trascendido, de la presentación de los principales objetivos y prioridades que cada representación trae consigo a la mesa, así como del reconocimiento de aquellos temas del tratado en que existe coincidencia y que básicamente no requieren modificaciones de fondo. Se comenta que el evento no fue más que un “round de sombra”,

Debo comenzar esta colaboración con una corrección al previo. En el texto de la semana pasada se afirma: “entre los pocos países que no han ratificado el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (convenio 98 de la OIT) se encuentran Estados Unidos, México y Canadá, por lo que sería na novedad que aceptaran hacerlo por la vía del TLCAN.” Pues resulta que Canadá acaba de ratificar dicho convenio (14 de junio de 2017), ratificación que entrará en vigor el 14 de junio de 2018. Agradezco esta valiosa aclaración a Juan Carlos Aparicio Bañuelos de ANUIES.

El 17 de julio fue dado a conocer el documento Resumen de objetivos para la renegociación del TLCAN, elaborado por la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés). La USTR, adscrita a la Oficina Ejecutiva del Presidente, es la agencia gubernamental responsable de orientar las negociaciones comerciales de rango internacional. Esa capacidad a su vez es regulada por la Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act de 2015.