En septiembre de este año el partido Morena dio a conocer el documento “Proyecto de nación 2024-2030, segunda etapa de la cuarta transformación”, en que se proponen enfoques y acciones de política pública para el próximo sexenio. El documento, de diecisiete capítulos en 156 páginas, aborda aspectos diversos, que comprenden el ejercicio gubernamental, la economía y las políticas sociales.

En el sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez se desarrollaron varios procesos tendientes al fomento de las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico. Como primer paso, la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Conacyt, en reemplazo de su antecedente, el Instituto Nacional de la Investigación Científica (INIC, 1961-1970). En diciembre de 1970 se aprobó el decreto de creación.

Hace unos días se levantó una protesta estudiantil en varias facultades y escuelas de la UNAM por el incumplimiento de la beca Elisa Acuña que les fue otorgada.

Da la impresión de una tendencia el que desde la representación legislativa del partido Morena se busque la modificación de las leyes orgánicas de universidades autónomas. En este espacio nos hemos referido a los casos recientes de la Universidad Autónoma del Carmen y de la UNAM. A ellos debemos agregar una nueva iniciativa que pretende modificar la norma orgánica de la Universidad de Guanajuato (UG), también autónoma, para cambiar la forma en que son electas las autoridades de esa institución.

Esta semana se hizo llegar a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados una carta suscrita por la gran mayoría, casi la totalidad, de los directores de institutos, centros y programas del subsistema de investigación de la UNAM, el cual se compone de 35 institutos, 13 centros de investigación y 13 programas universitarios. Además, suscriben la misma comunicación la mayoría de los representantes académicos que forman parte de los consejos técnicos de humanidades e investigación científica de la Universidad.

Al inicio de actual periodo de gobierno se perfilaba la construcción de la NEM a través del desarrollo de un enfoque pedagógico centrado en propósitos de calidad, equidad, inclusión, humanismo, compresión del entorno y articulación pedagógica entre los niveles de la educación obligatoria; en la importancia de desarrollar nuevos materiales educativos, incluida la renovación de los libros de texto gratuitos; así como en la reforma gradual de planes y programas de estudio. De manera complementaria, la NEM debería incorporar los enfoques y acciones de las estrategias nacionales indicadas. En 2019-2020 se adelantaba en esa dirección, aún con énfasis en la planeación y programación, más que en la implementación. Entonces llegó el Covid y todo cambió.

Quienes esperaban que el referido “acuerdo educativo nacional” se plasmara en un documento suscrito por las autoridades educativas y los agentes involucrados en la esfera educativa, se quedaron esperando. Bajo ese rótulo se expresó, más bien, la disposición de la autoridad federal de tomar en cuenta el punto de vista del magisterio, los estudiantes, las autoridades estatales y otros interesados en la formulación de las estrategias y programas de la administración educativa. No un acuerdo concreto, más bien un referente abstracto para legitimar las intervenciones gubernamentales en ese campo. Algo similar habría de ocurrir con la “nueva escuela mexicana”. En lo sucesivo, bajo esa denominación, serían cubiertos los programas y acciones de la SEP. ¿Cómo fue definida entonces la nueva escuela mexicana y cómo se ha transformado su enfoque? Lo revisaremos en la próxima columna.

Al momento de escribir esta columna se mantiene incógnita la designación del relevo al frente de la SEP, posición que será desocupada una vez que su actual titular, la maestra Delfina Gómez Álvarez, entre en funciones como coordinadora del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, en su camino hacia la candidatura de Morena en la elección para gobernar esa entidad.