El artículo tercero constitucional, reformado en febrero de 2013, faculta y obliga al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, a desarrollar tres funciones: Primera, diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema. Segunda, expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas para llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan. Tercera, generar y difundir información y, con base en esta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

Hay dos versiones. Una de ellas, la oficial, indica que las jornadas de evaluación del desempeño docente han transcurrido en relativa calma y contado con una abundante, casi plena, participación de los maestros seleccionados para cumplir con el ejercicio. La otra señala que, al contrario, en la mayoría de las sedes en que se ha verificado la evaluación de los maestros han ocurrido confrontaciones, más o menos intensas, entre la fuerza pública y los grupos magisteriales disidentes.

El 5 de noviembre pasado la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) aprobó y dio a conocer, a través de su página web, los criterios técnicos y de procedimiento para el análisis de los instrumentos de evaluación, así como sobre el proceso de evaluación y la emisión de resultados de la evaluación del desempeño de directores y maestros de educación básica, así como de profesores de media superior. La publicación de los tres documentos se replicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del viernes 13 de noviembre.

Desde los primeros días de octubre, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, ha aprovechado distintos foros para dar a conocer las “siete prioridades de política” en que habrá de concentrar su gestión: 1. Fortalecimiento de la escuela; 2. Infraestructura, equipamiento y materiales educativos; 3. Desarrollo profesional docente; 4. Revisión de los planes y programas de estudio; 5. Equidad e inclusión; 6. Vinculación entre educación y mercado laboral; y 7. Reforma administrativa. Cada uno de estos rubros incluye una serie de acciones generales y específicas que se contempla iniciar, mantener o consolidar.

Uno de los sectores más castigados por las estrategias macroeconómicas del Estado mexicano en las últimas décadas ha sido el mercado de trabajo. Todos los indicadores sobre su dinámica expresan un constante decaimiento de las oportunidades de acceso a las actividades remuneradas.

Tal y como se comprometió la Junta de Gobierno de la UNAM, órgano colegiado encargado de seleccionar y designar al rector de la principal universidad del país, desde el 6 de octubre se publicaron en la página web de la misma los documentos básicos que acompañan a las candidaturas de los aspirantes: currículum, semblanza profesional, proyecto de trabajo para el periodo 2015-2019, y síntesis del mismo. Figuró en esa página la documentación de dieciséis aspirantes registrados.

Está por decidirse quién será el rector de la Universidad Nacional el próximo cuatrienio. Esta misma semana se conocerán los nombres de quienes serán entrevistados por la Junta de Gobierno para exponer al colegiado los proyectos y programas que piensan instrumentar en caso de ser electos.

En la universidad contemporánea la proporción de mujeres estudiantes se iguala, con frecuencia supera, al contingente varonil. Gradualmente también se ha conseguido una mayor equiparación de la representación femenina en la planta académica universitaria. En cambio, el acceso a cargos directivos, en particular a las posiciones de mayor autoridad en estas instituciones, es aún bastante limitado.