La propuesta de articulación de la enseñanza básica fue un objetivo planteado desde el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), que no se cumplió en la forma pretendida, aunque se sentaron bases para facilitar su continuidad. En la administración encabezada por Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), el tema sería abordado desde el inicio del sexenio. La SEP de ese periodo contaría con algunas ventajas para dar viabilidad a la iniciativa. La primera, de fundamental importancia, la convergencia política entre el gobierno federal y la dirigencia del SNTE, que se materializaría en la designación, en diciembre de 2006, de José Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo, así como en la suscripción de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) en mayo de 2008. La ACE incluía el acuerdo de impulsar la reforma de los enfoques, asignaturas y contenidos de la educación básica, la enseñanza de inglés desde preescolar y la promoción de la interculturalidad.

El 19 de agosto de 2011 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica”, documento en que se cristaliza el proyecto de reforma integral de la educación básica, definida sintéticamente, en ese texto, como “una política pública que impulsa la formación integral de todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria con el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias para la vida y el logro del perfil de egreso, a partir de aprendizajes esperados y del establecimiento de Estándares Curriculares, de Desempeño Docente y de Gestión.”

La reforma curricular de la educación primaria, secundaria y formación de docentes implantada a partir de 1960, que incluía la recomendación del Consejo Nacional Técnico de la Educación (Conalte) de articular la enseñanza de materias conforme a áreas de conocimiento, no rindió los frutos esperados. Por varias razones: se mantuvo como prioridad estratégica la expansión del sistema bajo los lineamientos del Plan de Once Años iniciado en 1958; los nuevos libros de texto gratuitos (colección 1962) conservaron la estructura de asignaturas y no la de áreas; se tuvo en cuenta, además, el riesgo de abrir un frente adicional de confrontación con el magisterio y con sectores de la opinión pública.

El documento “Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana”, suscrito por la Dirección de Desarrollo Curricular de la SEP y dado a conocer, para su consulta y aportaciones, en el primer trimestre del año, se inicia con un apartado introductorio en que se presentan los rasgos fundamentales de la propuesta de transformación curricular.

En materia de financiamiento para las actividades científicas en los estados el proyecto de ley es poco claro. En lugar de proponer los medios e instrumentos para garantizar el acceso de las entidades a los recursos públicos correspondientes, se limita a señalar la posibilidad de que los gobiernos locales puedan “promover y proponer, ante las autoridades competentes, criterios y esquemas de distribución participativa de las Aportaciones Federales vigentes en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de los convenios suscritos para ese efecto, con el propósito de garantizar la obligación del Estado de apoyar la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación” (artículo 23). Si se toma en cuenta la reciente extinción de los fondos mixtos que apoyaban la realización de proyectos de investigación e iniciativas similares en los estados, el panorama no es alentador.

Esa redacción refleja la intención, del Conacyt, de abrir el ingreso al SNI exclusivamente a académicos de IES públicas. Pero también abre la puerta para evitar que los académicos de IES privadas, que actualmente cuentan tales nombramientos tengan la opción de renovar su adscripción al sistema. Ello es abiertamente discriminatorio, además de que tendría repercusiones adversas para que las IES privadas participen en el sistema nacional de posgrado o en proyectos de investigación financiados por Conacyt si subsiste el criterio de favorecer a los programas y proyectos que cuenten con académicos miembros del SNI. Es un gravísimo error.

La Ley General de Educación Superior, aprobada este año, contiene varias disposiciones que se refieren a la creación de un “sistema nacional de asignación, acumulación y transferencia de créditos académicos que faciliten el tránsito de estudiantes por el sistema educativo nacional” (artículo 19); a la atribución de los sistemas locales de educación superior para “coadyuvar a la integración y articulación de espacios locales y regionales de educación superior, ciencia, tecnología e innovación” (artículo 23, fracción VII), así como a la responsabilidad del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (CONAES) de “expedir los lineamientos para la creación y el funcionamiento del espacio común de educación superior, que tendrá como propósito facilitar la libre movilidad de estudiantes y personal académico, redes y alianzas entre las instituciones de educación superior nacionales y extranjeras que contribuyan al desarrollo de sus funciones académicas, con pleno respeto al federalismo, a la diversidad y a la autonomía universitaria” (artículo 53, fracción VI).

¿Cuentan las escuelas públicas y privadas, de los distintos niveles educativos, con condiciones de infraestructura adecuadas para que el retorno de estudiantes a los planteles satisfaga los protocolos de sanidad que recomienda la SEP y las autoridades sanitarias?