Esta semana ha circulado información acerca de un importante número de despidos en varios planteles de las sedes del Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ). Según una comunicación hecha pública y reportada en prensa por la “Asamblea de las y los trabajadores despedidos de las UBBJ”, a partir de julio de este año han sido despedidas más de sesenta personas entre trabajadores y docentes en los estados de Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Causa desazón y siempre será reprobable el uso de fuerza pública para tomar instalaciones universitarias, como acaba de ocurrir en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) en la mañana del 29 de agosto. Se trató, al parecer, del cumplimiento de una orden de embargo autorizada por el poder judicial del estado para asegurar los bienes, muebles e inmuebles, de las instalaciones.

En colaboraciones anteriores abordamos el tema de la libertad de investigación como derecho humano y también algunos de los límites éticos y conceptuales que la circunscriben. Sobre el segundo de estos aspectos hicimos mención de los indicadores contenidos en el Manual de Frascati (OCDE, 2015) acerca de las características que deben cumplir las prácticas de investigación en ciencias y humanidades para ser incluidas en el sistema internacional de medición y estadísticas de organismos tales como la OCDE, la Unesco y el Banco Mundial.

El 10 de julio Animal Político, en nota de Nayeli Roldán (“Por incumplir requisitos, Conacyt negó 11 años a Gertz Manero ingresar al SNI; gestión de Buylla lo concede”) dio a conocer la incorporación del fiscal de la República al máximo nivel del sistema de investigadores, al que no pudo ingresar en años previos, ni siquiera en la categoría básica, por rechazo de las comisiones de evaluación que revisaron su expediente.

Salvo por la Ciudad de México, en que fallaron todos los pronósticos, los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) confirmaron la mayoría del partido Morena en gobiernos estatales y en la cámara de diputados. No obstante, según primeras estimaciones, el partido del gobierno disminuirá el número de curules con las que cuenta en la cámara baja: para conseguir mayoría simple va a requerir el concurso de partidos o legisladores aliados y para mayoría calificada, dos terceras partes de los votos, necesitará el acuerdo de partidos opositores.

Estos tres conceptos son de uso común en el campo teórico y práctico de la administración pública. Se refieren al diseño e implantación de estructuras y acciones gubernamentales para atender problemáticas que, por su complejidad, requieren la intervención conjunta de varias instancias. En países de régimen federal tales nociones comprenden, asimismo, fórmulas de interacción entre los ámbitos territoriales del Estado, generalmente articuladas a través de la distribución de competencias. También hacen referencia a las relaciones de cooperación entre los órdenes definidos por la división de poderes, así como a la interacción entre estos y órganos constitucionales autónomos.

Para algunos el año de la esperanza, en que la vacunación universal puede resolver el drama de la pandemia y abrir cauce a la recuperación económica y social. Para otros es más bien un horizonte de preocupación, ante las incertidumbres del desenlace y alcances de las crisis que ha generado la enfermedad global. ¿Nos vamos a recuperar en un año o habrá que esperar un periodo de mayor amplitud?, ¿en qué aspectos se modificarán las prácticas, las relaciones, los valores y las representaciones sociales del mundo post-pandémico?, ¿cómo anticipar, prevenir y preparar la posible irrupción de riesgos semejantes y afrontar sus consecuencias?

No son buenos tiempos para la actividad científica y tecnológica del país. El gasto en investigación y desarrollo experimental ha decaído al equivalente al 0.33 por ciento del PIB, el nivel más bajo en los últimos veinte años y el gasto público en el sector mantiene una tendencia a la baja. En tanto, los investigadores han sido objeto de descalificaciones desde el poder: se les ha señalado como privilegiados, insensibles a los problemas nacionales, turistas académicos, acaparadores de recursos, ajenos a la rendición de cuentas e insuficientemente comprometidos con la transformación política gubernamental.