Habría que remontarse varias décadas –el periodo revolucionario, la fiebre española o los años de la Cristiada- para reconocer un momento como el actual: la suspensión de la actividad escolar en su forma presencial. Los estudiantes de básica y muy probablemente los de bachillerato y superior no regresarán a los recintos hasta que existan las condiciones para evitar contagios. Ello puede suceder en semanas, meses o en plazos más amplios y ocurrir a un ritmo diferente en las regiones del país. 

En 2016 un grupo de académicos especialistas en educación superior fue convocado por la Anuies para desarrollar una propuesta de ley de educación superior. El antecedente inmediato era el “Proyecto de Ley para la Coordinación, Evaluación y Financiamiento de la Educación Superior”, elaborado en la secretaría ejecutiva de la organización durante la gestión de Enrique Fernández Fasstnach al frente (2013 a 2014).

El antecedente inmediato de una norma general para la educación superior es la Ley de Coordinación de la Educación Superior, publicada el 29 de diciembre de 1978 y todavía vigente. Es una ley muy curiosa, casi diría que paradójica. A pesar de su título y del mandato de su primer artículo, que declara que el objeto de la ley es “establecer bases para la distribución de la función educativa de tipo superior entre la Federación, los Estados y los Municipios, así como prever las aportaciones económicas correspondientes, a fin de coadyuvar al desarrollo y coordinación de la educación superior”, dos temas están prácticamente ausentes en la norma: los procedimientos de coordinación y la distribución de competencias.

En la segunda mitad de los noventas se inició el diseño e implementación de nuevos instrumentos de política de educación superior. Primero sobre la base de la concertación entre SEP y Anuies desarrollada en la década previa y posteriormente bajo el control de la autoridad educativa federal. Se inicia la transición con la puesta en marcha de tres instrumentos con recursos financieros: el Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES, 1990), el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP, 1996) y los programas de estímulos al desempeño del personal docente (1999) en las universidades públicas. El propósito declarado de la triada era brindar a las universidades públicas los recursos de infraestructura material y humana para procesos y proyectos de superación académica y mejora administrativa.

La concertación permitió instaurar un modo de regulación y coordinación que modificó el curso del sistema de educación superior del país. Pero fue un mecanismo transitorio, cedería lugar a una fórmula diferente: la promoción de políticas estratégicas a través de instrumentos financieros.

El 6 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el programa sectorial correspondiente a la política educativa de este sexenio (PSE). Ya se habían tardado, porque la Ley de Planeación establece que luego de la publicación del Plan Nacional de Desarrollo, lo que ocurrió hace casi un año (el 12 de julio de 2019), los programas sectoriales “deberán publicarse dentro de los seis meses posteriores a la publicación del Plan” (artículo 30). Es decir, una injustificada demora de casi seis meses.

En su habitual conferencia de prensa, el 22 de junio el presidente de la República expresó su desacuerdo con el número y las funciones de los organismos públicos que no están bajo control directo de la administración pública federal. Señaló que estos fueron creados por los gobiernos anteriores para “comprar conciencias y voluntades” y que han resultado foco de corrupción. A modo de ejemplo, apuntó sobre el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes señalando: “Me enteré de otro grupo, otro organismo, para la defensa del niño y de la niña; bueno y entonces ¿para qué está el DIF?” (Conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, 22 de junio 2020, minutos 44-45).

Parecía que el tema de extinguir los fondos y fideicomisos correspondientes a los sectores de ciencia, tecnología, cultura y artes había conseguido un principio de solución tras la tormenta desatada por el decreto presidencial que ordenaba su cancelación y la inmediata devolución de los recursos correspondientes.