El sábado 4 de enero el Congreso de Nayarit aprobó reformas a la Ley Orgánica de la universidad autónoma del estado conforme a la iniciativa entregada por el gobernador, Antonio Echevarría García, el 30 de diciembre. Dicha reforma dispone cambios en la forma de elección de rector mediante la creación de un Colegio de Elección, que será encabezado por el presidente del Patronato Administrador del Impuesto Especial Destinado a la Universidad. Además, se aprobó la creación de “redes empresariales” de la UAN para ampliar las fuentes de financiamiento de la institución. La iniciativa fue aprobada con 20 votos a favor, solo uno en contra y tres abstenciones.

En el ámbito internacional, la promoción de los derechos humanos en general, y en particular el impulso a la perspectiva de la equidad de género en la esfera educativa, forman parte de la agenda contemporánea de políticas públicas del sector. En nuestro país dicho enfoque ha sido postulado en varios niveles, está presente en la reciente reforma normativa, se está procurando en la elaboración de textos y otros materiales educativos, forma parte de la llamada “Nueva Escuela Mexicana”, se discute al seno de los consejos escolares y desde luego tiene presencia en la narrativa y el discurso público acerca de los cambios que se desean y se tratan de impulsar en el sistema educativo nacional en su conjunto.

Cómo se trata la problemática del género en el anteproyecto de Ley de Educación Superior? ¿Cuál es el alcance de las propuestas que se presentan en el documento? ¿Son suficientes o deben ser revisadas para mejorarlas?

Una de las reformas constitucionales de mayor trascendencia fue aquella de junio de 2011 que modificó el enfoque de “garantías individuales”, presente en la Carta desde 1917, al reemplazarlo por la perspectiva de derechos humanos, lo que amplió, en varios sentidos, el alcance de la protección jurídica a los derechos individuales y sociales.

En esta colaboración se revisan los antecedentes, el contenido, la coyuntura política y el escenario probable para la aprobación de la Ley General de Educación Superior que fue ordenada por la reforma constitucional en materia educativa aprobada el 15 de mayo de 2019. Se consideran los antecedentes remotos e inmediatos de la misma, las características de la propuesta y se indican algunas posibles insuficiencias del proyecto.

El 13 de noviembre la SEP remitió al Senado de la República la documentación que contiene las tres estrategias nacionales ordenadas por la Constitución como parte de la reforma en materia educativa aprobada el 15 de mayo. En el régimen transitorio de esta se dispuso que la autoridad educativa federal debería plantear una Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales; una Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, y una Estrategia Nacional de Inclusión Educativa. Para la presentación de dichas estrategias se fijó un plazo de 180 días, lo que significa que la SEP cumplió, justo a tiempo, con el mandato constitucional, lo que es una buena noticia.

Se cumple en estos meses el quinto aniversario del movimiento de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que, durante varias semanas, principalmente en el periodo de la huelga estudiantil, ocupó el interés público al ser una de las primeras notas discordantes de la implementación de la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, en particular en las áreas de educación media superior y superior. Sin duda, la importancia del Politécnico Nacional como una de las instituciones emblemáticas del sistema de educación superior del país contribuyó a fijar la atención de los medios sobre el movimiento y su desenlace, como también la actuación de las autoridades federales (Secretaría de Gobernación y Secretaría de Educación Pública) en el arduo proceso de negociación involucrado.

Se está intentando una reforma de gran calado en el sistema educativo nacional. Se pretende modificar a fondo las formas de enseñanza y aprendizaje, actualizar el currículum de la educación básica con nuevos contenidos, más apegados a la realidad nacional y a los contextos locales, orientar la formación hacia el humanismo, procurar la articulación entre los niveles educativos, favorecer la trayectoria regular y el egreso oportuno de los estudiantes, apoyar los procesos de formación inicial y continua de los maestros, crear nuevas formas de evaluación que sirvan para mejorar continuamente los servicios y den lugar a la excelencia académica. Se pretende también dignificar la profesión docente y que ello repercuta en una revaloración de su prestigio social.