Este lunes se dio a conocer y comenzó a circular en distintos medios el documento “Por una ciencia sin restricciones. Pronunciamiento de la Red ProCienciaMx”, en el que el colectivo de académicos que participan en esa red plantea un conjunto de observaciones críticas, propuestas y demandas relacionadas con el desempeño de la actual administración en el sector de ciencia, tecnología e innovación encabezado por el Conacyt (documento aquí)

Este jueves, de madrugada, concluyó el trámite legislativo de tres de las leyes asociadas a la reforma constitucional en materia educativa: la ley general de educación, la ley general del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y la ley reglamentaria del artículo 3o. de la Constitución en materia de mejora continua de la educación. Se trata de un paquete legislativo amplio y complejo. La general de educación consta de 181 artículos y 17 transitorios, la general sobre la carrera docente de 107 artículos y 24 transitorios, y la correspondiente al sistema nacional de mejora continua, también reglamentaria del organismo que reemplaza al INEE, contiene 68 artículos y 14 transitorios. Son casi cuatrocientos artículos (399) en total los que perfilan el nuevo marco legislativo de la educación en México. Y todavía faltan dos leyes que deben ser procesadas: la general de educación superior y la general de ciencia, tecnología e innovación.

La SEP está empeñada en incorporar al currículum la enseñanza musical y en la formación de orquestas y coros en las escuelas. Una de las primeras manifestaciones de esa intención se dejó notar en la iniciativa de reforma al artículo 3o. constitucional enviada por el Ejecutivo al Congreso el 12 de diciembre del año pasado, en la que se proponía incorporar a los planes de estudios “las artes, en esencial la música”. Así decía. Al cabo del extenso debate legislativo de la reforma la redacción cambió la palabra “esencial” por “especial” y así quedó.

Ahora que parece estar de moda cuestionar los privilegios, prerrogativas e incluso la actividad misma de quienes se dedican a la actividad científica en el país, es de interés ofrecer alguna aproximación a la pregunta que titula esta colaboración. Para ello acudiremos a algunos datos que ilustran los resultados de la producción científica nacional.

En 1980 se elevó al nivel constitucional la autonomía universitaria. Se añadió al artículo 3ro. una fracción con garantías para las universidades autónomas por ley. Estas consisten en la facultad de autogobierno, de formular sus propios planes y programas de estudio, de fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico, y de administrar su patrimonio. Desde entonces un número de amparos contra actos de las universidades autónomas, y de estas instituciones en oposición a decisiones de los poderes del ámbito federal y estatal han sido ventilados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que, por un efecto acumulativo, ha integrado un corpus jurisprudencial en materia de autonomía universitaria. Abundan los amparos en temas laborales, algunos enfocados a hacer valer las exenciones fiscales de las que gozan estas instituciones, y otros relacionados con temas estudiantiles.

¿Por qué? Porque la reciente reforma al artículo 3ro. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo contempla. Veamos el tema con detalle.

La creación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en reemplazo de la anterior Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) se explica por varios factores: la adopción en el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) de instrumentos y mecanismos de nueva gerencia pública, recomendados por la banca multilateral y otras agencias; una mayor presencia de los partidos de oposición en el escenario político nacional, y la estrategia del “nuevo federalismo” emprendida en el mismo periodo, por citar los más relevantes.

Los años en que estuvo vigente la segunda ley orgánica de la Universidad Nacional (1933 a 1945), aquella que establecía su separación del gobierno federal, se caracterizaron por la precariedad económica y el conflicto interno. Los términos de la autonomía, así como la postura gubernamental de marginar a la Universidad de las decisiones educativas del Estado, abrieron espacio para la actuación de fuerzas interesadas en controlar la institución. Además de los debates ideológicos de la época —la confrontación entre nacionalistas, socialistas, liberales y fascistas— en la Universidad encontraron refugio y ámbito de expresión actores y grupos opuestos al régimen revolucionario. La etapa se inicia con la elección de Manuel Gómez Morín (1933-1934) como rector. Duró menos de