La Universidad Nacional fue declarada autónoma por ley del Congreso de la Unión en 1929 y en 1933. No fue la primera universidad pública del país en conseguir esa prerrogativa, la precedieron las universidades de Sinaloa (1917) y Michoacán (1918) en que circunstancias de los contextos políticos locales impidieron la estabilidad temporal del régimen autonómico. El otro antecedente importante corresponde a la Universidad de San Luis Potosí, establecida en 1923 por el congreso estatal como institución autónoma al transformar el anterior Colegio Científico y Literario del estado en universidad.

Han transcurrido más de veinte años desde la integración de la primera agenda global para el desarrollo de la educación superior, la derivada de la Primera Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (París 1998). Se insistía entonces en la importancia de ampliar el acceso a la educación superior para mejorar los niveles de cobertura y equidad del sistema, en superar la calidad y la pertinencia de los servicios educativos, en diversificar las modalidades de enseñanza, y en reforzar la cooperación con el mundo del trabajo. Se enfatizaba también el potencial de las entonces nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, así como el valor estratégico de los procesos de evaluación y aseguramiento de calidad.

Desde su campaña por la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a brindar lugar a todos los jóvenes que tras cumplir el ciclo de bachillerato tuvieran la intención de continuar con estudios superiores. El eslogan de “cero rechazados” ya había sido utilizado en su campaña de 2012, cuando abanderaba a la coalición PRD-PT-MC. Entonces prometía duplicar la matrícula de educación superior, de tres a seis millones de estudiantes, para lograr cobertura plena. (Regeneración, 12 de abril 2012).

Es llamativo que tres gobiernos latinoamericanos, Brasil, Argentina y México, con distinto signo ideológico, coincidan en limitar la inversión pública en investigación científica y desarrollo tecnológico. En los tres casos se ha puesto en riesgo la estabilidad de las instituciones promotoras, se han reducido los fondos públicos para proyectos de investigación, e inhibido el acceso de las nuevas generaciones de científicos a los centros e institutos de producción de ciencia y tecnología.

El artículo tercero de la Constitución comienza así: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación.” Pero va a cambiar una vez que se decrete la reforma educativa en trámite. Entonces dirá “Toda persona tiene derecho a la educación”. Parece un cambio mínimo de redacción y ha pasado prácticamente desapercibido en la discusión parlamentaria y en los debates en medios y redes a propósito de la reforma. Pero no es así, la nueva formulación implica un cambio trascendente en la base conceptual del derecho educativo mexicano y tiene consecuencias.

Aprobada en la cámara de Diputados en lo general y en lo particular, y en el Senado únicamente en lo general, la reforma de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución deberá continuar el proceso legislativo correspondiente antes de su promulgación. La votación de las reservas planteados por Senadores en la sesión del 30 mayo, último día del periodo ordinario de sesiones, cambió el panorama del trámite legislativo. Se suponía que, al igual que en el congreso de los diputados, en la cámara alta la iniciativa pasaría sin mayores dificultades. Pero no fue así. El paquete de reservas de los senadores deberá trasladarse ahora a la cámara de diputados, votarse, remitirse el resultado a la cámara revisora y volverse a votar en ella. Hasta ese momento podrá enviarse el dictamen final a los congresos estatales, y cuando se logren 17 aprobaciones remitirse al titular del poder ejecutivo para que ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Todo ello fuera en el periodo extraordinario que se acuerde.

En días pasados, en el marco de la discusión actual sobre las políticas de desarrollo científico y educación superior para los próximos años, un grupo de académicos de la UNAM y la UAM, especialistas en temas de política universitaria y procesos de evaluación en ese nivel de estudios, dieron a conocer el texto titulado “A debate la educación superior y la ciencia en México: Recuperar preguntas clave”. Dicho documento es, en un sentido amplio, continuidad del trabajo “Queríamos evaluar y terminamos contando: alternativas para la valoración del trabajo académico”, que el mismo colectivo publicó el año pasado.

A raíz de la publicación de la iniciativa que presentó el Ejecutivo federal el 12 de diciembre del año pasado para reformar las disposiciones constitucionales que regulan la educación en el país, y cumplir con ello las propuestas que el Andrés Manuel López Obrador enunció durante su campaña presidencial, un grupo de académicos, especialistas y representantes de organizaciones civiles, se dieron a la tarea de desarrollar una réplica al proyecto reformador de la presidencia, consistente en un desarrollo normativo que se propone, por un lado, corregir y mejorar dicha iniciativa, y por otro ofrecer elementos innovadores al respecto.