El día 12, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó y envió al Congreso federal la iniciativa para cancelar la Reforma Educativa del gobierno de Peña Nieto. En su conferencia de prensa matutina, el Presidente sólo expresó unas cuantas palabras y dejó el podio al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, para que explicará el contenido y los alcances de la propuesta.
La iniciativa es importante, presenta matices y asuntos que habrá que explorar con cuidado y observar si sobrevivirán ciertas instituciones que fundó la Reforma Educativa, aunque cambien de nombre. Me propongo hacer un análisis detallado de la reforma en los miércoles subsecuentes. Hoy, sólo me ocupo de “la falsa polémica”, como la calificó el secretario Moctezuma, de la eliminación de la autonomía universitaria en la primera versión del documento que el gobierno envió —muchas horas después de que el Presidente la firmara— a la Cámara de Diputados.
En la minuta que arribó al Congreso, en la fracción VII del artículo 3º, en lugar del tenor que consagra la autonomía como un derecho general, apareció el texto: “La impartición de la educación se realizará con apego a los fines y criterios que establecen en el párrafo primero y la fracción Il de este artículo para alcanzar el bienestar de la población, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción V del mismo”. Aparte de que las referencias al párrafo y fracciones citadas no tienen lógica aparente, el hecho de que desapareciera la autonomía universitaria, de inmediato levantó protestas y sembró inquietud entre autoridades de universidades públicas.
Los diputados Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la diputación del PAN, reclamó con dureza y, hasta Pablo Gómez, diputado de Morena, reprochó la ausencia del texto de la fracción VII, aunque lo hizo con mesura. Los coordinadores de las bancadas de oposición hicieron lo propio. Una colega me comentó que rectores de universidades preparaban desplegados de protesta y que las llamadas entre ellos eran frecuentes, así como a la SEP.
Las redes se inundaron de mensajes contradictorios hasta que después de las dos de la tarde del jueves 13, la Secretaría de Educación Pública —que no el secretario en persona— declaró que “la eliminación de este concepto histórico se derivó de un error en la captura mecanográfica”. Asentó que el contenido de la fracción VII vigente quedará intacto.
En un coloquio virtual que tuve con dos de mis colegas que estudian la educación superior más que yo, comentamos el asunto. Surgieron dos puntos para tratar de entender qué pasó. El primero es el de la pifia. La SEP no actuó de mala fe, fue un error grave ya que los altos responsables no encomendaron el trabajo a alguien competente y tampoco leyeron la versión final. La ligereza en la redacción enseña que, con todo y que varios de los mandos altos del funcionariado de la SEP tienen experiencia administrativa, no se aplican como es debido. No fue una novatez, fue un gazapo que deja mal parado al presidente López Obrador, que había firmado el decreto.
La otra vertiente es la del complot. Dado que el Presidente ha declarado que no confía en las instituciones autónomas y con el antecedente de la cancelación de la autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (y el cambio de nombre), hubo especulaciones de que la tirada de limpiar el escrito de la triza VII iba en serio. Sin embargo, la protesta airada de la oposición, las apelaciones de rectores y el hecho de que en la bancada de Morena también haya muchos universitarios, alteraron la consigna. Era urgente meter reversa.
Mal comienzo para algo que se espera sea de gran calado. En cualquiera de las dos versiones la SEP sale mal parada.
