El 12 de diciembre la UNAM publicó un comunicado en el que celebra un paso trascendental para la educación superior en Jalisco y para todo el país. Se trata de la iniciativa de decreto que reforma el Artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que propone un presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara (UdeG) que le garantiza, al menos, el 5% del Presupuesto de Egresos del Estado como subsidio ordinario estatal, así como el 0.3 % para infraestructura y equipamiento educativo. “En la UNAM hacemos votos para que esta propuesta sea aprobada por las y los diputados del H. Congreso de Jalisco, que sin duda va a dar un nuevo impulso a la educación superior” finaliza el comunicado.
Esta iniciativa en Jalisco se asemeja al acuerdo constitucional en Veracruz que establece desde hace unos años, que la Universidad Veracruzana gozará de un financiamiento estatal que no podrá ser inferior al año precedente y que al menos comprenderá el 4% del presupuesto del Estado.
Ambas iniciativas representan una propuesta progresista hacia la educación superior, que garantiza los recursos financieros del presupuesto estatal y reduce los márgenes de conflicto y negociación que año tras año viven las universidades. Al reducir la incertidumbre y al tener más o menos claros los presupuestos que se recibirán, las universidades pueden iniciar proyectos multianuales o que requieran de continuidad financiera.
Es cierto que el avance es legal, y que como sucede de manera reiterada en Veracruz hay resistencias muy poderosas en el poder ejecutivo para entregar el financiamiento completo que establece la Ley. Esto es, paradójicamente, los acuerdos legales no son garantía de que los gobiernos locales vayan a cumplir cabalmente con lo ahí estipulado; sin embargo, se abre un espacio de litigio donde las universidades están amparadas por las leyes en sus reclamos económicos frente a los gobiernos estatales.
La participación del gobierno federal y de los gobiernos estatales en el financiamiento de la educación superior es un mandato contitucional, pero deberíamos avanzar hacia legislaciones específicas que garanticen presupuestos multianuales y les brinden certeza económica a las instiituciones. Con ello, la autonomía universitaria se vería revigorizada y fortalecida, pues se ampliaría la certidumbre con la que operan las instituciones.
Así como Morena y los demás partidos políticos lograron acuerdo unánime para aprobar la Ley general de educación superior hace unos años, al calor de las campañas electorales se podrían ir construyendo consensos hacia una nueva generación de reformas que fortalezcan la autonomía de las universidades: además de ampliar el régimen autonómico a todas las instituciones públicas de educación superior (normales, tecnológicas, politécnicas, IPN, UPN, interculturales y otras), también sería un avance que se consagraran en las leyes montos precisos para el financiamiento universitario, tanto para los gobiernos estatales como para el gobierno federal.
Las universidades son organizaciones complejas cuyos procesos académicos de investigación, docencia y difusión cultural requieren estabilidad, continuidad y certeza financiera para su operación. La vida de estas instituciones no puede estar marcada por la incertidumbre financiera. Es incorrecto que algunas tengan que organizar labores de cabildeo con los legisladores locales y federales para mejorar sus presupuestos; es incierto que el financiamiento resulte de la negociación entre actores políticos; es todavía más absurdo que sea la Secretaría de Hacienda y las Secretarías de finanzas de los estados quienes determinen los montos que merece la educación superior. Esta situación debe ser superada.
