Sylvia Schmelkes
A poco más de dos años de su puesta en marcha, tenemos elementos para afirmar que la Reforma Educativa avanza. Por lo que corresponde al Servicio Profesional Docente (SPD), en 2014 se llevó a cabo el concurso para el ingreso de docentes a la educación básica y media superior, y de directores a esta última.
Con este concurso se comienza a cumplir una de las importantes apuestas de la reforma: asegurar que al SPD ingresan, con base en el mérito, los mejores candidatos. También hemos definido el programa de mediano plazo del SPD y se está definiendo la evaluación del desempeño docente, que comenzará en septiembre, así como otras evaluaciones para la promoción y el reconocimiento.
El INEE también ha definido las nuevas pruebas de logro escolar, a las que hemos denominado Planea (Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes), que comenzará a aplicarse en este ciclo escolar a los alumnos de los grados terminales de educación básica y media superior, en las áreas de lenguaje y comunicación, matemáticas y convivencia escolar.
Por su parte, la SEP ha hecho avanzar la Reforma Educativa con varias acciones. Una de las más importantes es que se ha comenzado a implementar el Servicio de Apoyo Técnico a las Escuelas (SATE), fundamento de la formación de los docentes e indispensable para que la evaluación docente adquiera sentido y mejore.
El SPD, la evaluación educativa y el SATE, los tres pilares de la Reforma Educativa, vienen avanzando. Con ello se espera asegurar que sean los mejores candidatos los que ingresen a la docencia y a los cargos directivos y que la evaluación se ponga al servicio de la mejora de la calidad en el sistema educativo.
No obstante estos avances, existen áreas de preocupación. Hay sucesos que ponen en riesgo la Reforma Educativa. Es bien sabido que un sector del magisterio, localizado en algunos estados, se opone a la aplicación de la reforma. En algunos casos, las manifestaciones en contra de la misma han generado conflictos que han conducido a acuerdos fuera del ámbito del sector educativo y que implican desestimar lo dispuesto en la legislación que regula la Reforma Educativa. Se ha permitido que ingresen al servicio profesional docente, o que sean promovidos a puestos de directores y de supervisores, personas que no han pasado por concursos de oposición diseñados para tal fin.
Preocupa también que no hayamos logrado asegurar que esté vigente el interés superior de niños y adolescentes, y que se pierdan días de clase, sin consecuencias, en prejuicio del derecho a la educación. Estas decisiones ponen en peligro los cimientos de la Reforma Educativa. No negamos que sea necesario identificar dispositivos que permitan distender y en su caso resolver conflictos como los que se han presentado. Pero nos parece que habría de recurrir a mecanismos de información y de diálogo, y no a concesiones como las otorgadas, que desmoralizan al magisterio en general y propician que se ponga en duda el Estado de derecho. Preocupa también que las actividades para asegurar el uso adecuado de los resultados de las evaluaciones en el apoyo, acompañamiento y formación de los docentes no se hayan podido llevar a cabo como está planteado en la legislación. Al parecer, esta situación se debe a que los incentivos para atraer a docentes que funjan como tutores de los maestros de nuevo ingreso no han resultado suficientes.
Finalmente, debe ser propósito de todos: gobierno federal, estatales, Poder Legislativo, y del propio INEE, hacer valer las leyes y lograr eliminar los obstáculos al avance terso de lo que está previsto en esta reforma estructural fundamental, que es la Reforma Educativa.
Consejera presidenta del INEE
