Abelardo Carro Nava *
El martirio comenzó la noche del 26 de septiembre de 2014: ¡No disparen, somo estudiantes!, ¡ya mataron a uno, háblenle a la ambulancia!, ¡porqué recogen los casquillos!, fueron algunos de los tantos gritos desgarradores que emanaron de las bocas de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en el estado de Guerrero.
Gritos, desesperación, dolor y sufrimiento que se prolongaron entrada la madrugada del 27 de ese mismo mes y año. Hoy, 43 normalistas siguen desaparecidos y el dolor es latente.
Las investigaciones realizadas en las semanas y meses subsecuentes por la extinta Procuraduría General de la República, permitieron conocer una “verdad histórica” que de verdad no tuvo nada y sí mucho de historia, pues dejó en claro la podredumbre del Sistema de Justicia Mexicano construido por un régimen que no toleró la lucha social y democrática y, mucho menos, la libertad en cualquiera de sus formas porque, en efecto, la libertad no se implora se conquista, y esa conquista jamás iba a ser consentida. Ello explica la represión estudiantil de 1968 y 1971.
Para pocos es desconocido que el normalismo rural mexicano ha sufrido, a lo largo de su historia, lo embates del oficialismo. Nunca se ha rendido.
Indudablemente, el sistema jamás ha temido al pobre que tiene hambre, sino al pobre que sabe pensar. La manifestación y libre expresión de las ideas, no lo niego, es incómoda, pero ¿acaso en un país de libertades se debe aclamar y aplaudir toda acción de gobierno?, ¿acaso la educación no abre la puerta a una mirada diferente de todo cuanto ocurre en un país como el nuestro?, ¿acaso las escuelas normales rurales no surgieron de un proyecto educativo cuyo propósito fue, es y será, el desarrollo de las capacidades de los seres humanos? En efecto, un pueblo que no sabe leer ni escribir es un pueblo fácil de engañar. Afortunadamente esto aún no se ha conseguido por más que se haya intentado callar las voces o los gritos. Esas expresiones naturales que son tan necesarias para sentirse vivos; vaya, ¿por qué tendría que callarse si se ha nacido gritando?
Hace tiempo alguien me preguntaba el por qué los padres y madres de familia seguían buscando a sus hijos si, en un país como el nuestro, en el que cada día desaparecen hijas, hijos, padres, madres o cualquier otro ser humano, difícilmente podían ser encontrarlos. Mi respuesta fue tajante: ¿qué no haría un padre o madre por sus hijos?, ¿por qué tendrían que ahogar su sufrimiento y apaciguar la injusticia de la que han sido objeto sus seres queridos?
La rebeldía no es anarquía y, por supuesto, exigir justicia tampoco es un acto de rebeldía; hay una diferencia muy importante entre estos conceptos. En consecuencia, entender el justo reclamo de los padres y madres de familia a pocos días de que se cumplan ocho años de la desaparición forzada de sus hijos, es comprender que hay un sistema que, independientemente del gobierno en turno, ha violado recurrentemente uno de los principios más sagrados del derecho como lo es el de la justicia al encubrir a los criminales.
¿Sirve de algo conformar una Comisión de la Verdad cuando dicha verdad se encuentra en lo que una persona manifiesta, experimenta, piensa o siente en carne propia?
Los testimonios de los padres y madres de familia hablan de una verdad que, desde luego, puede ser vista y analizada, más no juzgada, por quienes desde afuera la observamos. ¿Qué es lo que ha hecho el estado mexicano para comprender la búsqueda incansable de unos padres que no piden otra cosa más que el ver con vida a sus descendientes? Hoy por hoy algo es cierto: 43 de los normalistas agredidos la noche de 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 siguen desaparecidos, pero también, más de un centenar de presuntos responsables en su desaparición han sido liberados o se encuentran disfrutando su impunidad en otros paraísos terrenales. El ejército y la marina, como instituciones que tienen por objeto brindar seguridad nacional y el bienestar de los mexicanos, siguen inmaculados. ¿Cuándo terminará la noche más larga y obscura que envuelve el caso Ayotzinapa?
Seguro estoy que, derivado del informe recién dado a conocer por Alejandro Encinas, así como de la detención del exprocurador Murillo Karam, el gobierno habrá de dar a conocer en los días subsecuentes, más avances en las investigaciones. Vendrán las fotografías, las poses, los discursos, los sinsentidos. No obstante, la impunidad no dejará de serlo por el simple hecho de que así lo exprese el Presidente o el Fiscal General de la República. Las evidencias que han surgido por la lucha inquebrantable de esos padres y madres de familia, han reflejado el estado de descomposición de la justicia en nuestro país. ¿Serán ocho años de total impunidad con actores materiales e intelectuales que gozan de una libertad sin el más dejo de remordimiento en sus conciencias porque, hasta el momento, independientemente de las detenciones que acaparan los medios de comunicación, no hay sentencias definitivas?
Probablemente seremos testigos de marchas o manifestaciones en diversas partes del país; desde luego, de alumnas y alumnos que actualmente cursan sus estudios en alguna escuela normal rural, pero no de algún actor político autodenominado sobreviviente de Ayotzinapa, porque su lugar está asegurado en San Lázaro, ¿por qué tendría que hacerlo?
Demandarán estos jóvenes, como parece obvio, la aparición con vida de sus compañeros desaparecidos en aquel fatídico 2014. Demandas que serán reconocidas y denostadas en las redes sociales por propios y extraños, sin embargo, algo es cierto, hoy por hoy, de los 43 normalistas se desconoce su paradero… ¿y los criminales?… impolutos.
Entonces, ¿pasará a la historia el actual gobierno como aquel que enjuició y encarceló a los presuntos responsables, aunque ello implique incomodar al ejército mexicano, a la marina, a (ex) funcionarios públicos o a expresidentes? Dicho de otra forma, ¿pasará a la historia este gobierno como aquel que terminó por hacer lo mismo que tanto criticó en el pasado inmediato?
Al tiempo.
* Docente normalista.
