Pocas horas antes de que se dirija a la ciudadanía desde el Congreso Nacional —una tradición de los mandatarios chilenos cada 21 de mayo— la socialista Michelle Bachelet ha firmado los primeros proyectos de ley que conforman su reforma educativa, que ha calificado como “la más significativa que Chile ha tenido en los últimos 50 años”. “Estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos: iniciar un proceso que permita asegurar calidad, gratuidad y acceso a la educación”, ha dicho la presidenta desde el Palacio de la Moneda.
Bachelet asumió su segundo periodo el pasado 11 de marzo en medio de enormes expectativas sobre la reforma educativa, con la que pretende combatir el principal problema del país sudamericano: la desigualdad. Fue uno de los tres pilares de su programa de Gobierno —junto con una reforma tributaria y una nueva Constitución—, apoyado por el 62% de los ciudadanos en la última elección. Tanto Bachelet como el resto de la clase política saben que la educación es prioritaria para los ciudadanos y que las protestas estudiantiles de 2011 fueron la expresión del descontento que existe respecto de un sistema que segrega a los niños y jóvenes de Chile. El debate, sin embargo, promete ser álgido en el Congreso.
La presidenta ha enviado tres proyectos, que comenzarán a ser discutidos en el Parlamento. Uno de ellos prohibirá que las instituciones educativas que reciben financiamiento público apliquen mecanismos de selección de estudiantes. La presidenta también ha firmado la iniciativa que evitará, gradualmente, que los padres deban ayudar a pagar la educación escolar de sus hijos en el sistema público. La tercera tiene relación con una de las principales demandas del movimiento estudiantil de 2011: que en Chile nadie lucre con la educación, como sucede hace décadas. Y para ello el Gobierno pretende que todos los establecimientos que reciban algún tipo de aportación del Estado destinen los recursos públicos en mejorar la calidad y, en un plazo de tres años, se transformen en corporaciones o fundaciones sin fines de lucro.
Los cambios en la ley buscan restringir los procesos de selección de las instituciones educativas que reciben apoyo público
La mandataria tiene los votos necesarios para aprobar su reforma, pero debe procurar el diálogo con todos los sectores políticos y sociales para resguardar la gobernabilidad. El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, ha señalado que el Ejecutivo tendrá una actitud “flexible” para enfrentar el debate legislativo. El secretario, sin embargo, ha seguido la línea de Bachelet respecto de sus reformas estrella: que las iniciativas se discutan no significa que haya espacio para modificar la esencia de los cambios contemplados en su programa de Gobierno.
Los estudiantes han reaccionado de inmediato y a través de la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Melissa Sepúlveda, han señalado que se trata de una reforma “sin contenido”, según publica el periódico La Tercera. Los jóvenes acusan al Gobierno de no haber dialogado y de haber fabricado su propuesta “entre cuatro paredes”. “Pretende regular el mercado educacional y no transformar a la educación como un derecho”, ha comentado la dirigente.
La socialista ha arrancado con su reforma educativa solo cinco días después de que la Cámara de Diputados, donde tiene mayoría, aprobara el miércoles pasado la reforma tributaria con la que pretende financiar los cambios en el sistema de enseñanza escolar y universitaria. El objetivo es aumentar la recaudación fiscal en tres puntos del PIB, lo que equivale a 8.200 millones de dólares. Una porción importante de esos recursos —unos 5.000— serán destinados a la reforma educativa.
La presidenta aspira a un nuevo sistema que tenga como principio básico la equidad tributaria: que los que más tienen, contribuyan más. Entre otras medidas, contempla el aumento de los impuestos a las grandes empresas de un 20% a un 25% en un plazo de cuatro años y la eliminación gradual del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), un sistema vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet, inédito en el mundo: permite a los empresarios pagar impuestos solamente por las utilidades que retiran y no por sus ingresos totales.
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