En el norte y en el sur de América Latina suenan los tambores de guerra contra las universidades públicas. Dos instituciones son ahora blanco de la artillería gubernamental: la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional Autónoma de México. Las más importantes en sus países, dos de las cien mejores universidades del mundo, según la clasificación 2024 de uno de los rankings más conocidos (Quacquarelli Symonds).
El fenómeno no es novedoso. Las universidades públicas en esta región planetaria sufren constantes acechanzas, más o menos intensas, en algunas naciones de maneras totalitarias, a veces grotescas, como ha sucedido en Venezuela o Centroamérica, con gobiernos antidemocráticos.
Lo inquietante ahora es la fuente de los cuestionamientos, que proceden de derechas delirantes, como Javier Milei, en Argentina, o de la presunta izquierda mexicana (no menos delirante), en las voces del presidente López Obrador y de su candidata presidencial, puntera en todas las encuestas, creíbles o mercenarias.
El discurso de Javier Milei no sorprende. En su exuberante verborrea no defiende la educación pública: “la educación dejará de ser gratuita”, ha dicho. Reniega de la educación obligatoria, cree en los vouchers (como Xóchitl Gálvez) y fustiga sin piedad a las universidades. Su crítica al rector de la Universidad de Buenos Aires es indecente. Pero es congruente. Nunca prometió algo distinto. Está haciendo lo que afirmó en campaña y desde antes. No cree en la educación pública, ni como derecho humano. Sus posiciones son rebatibles por todos los costados, pero su coherencia es absoluta. Las universidades argentinas formaron ya un frente, públicas y privadas: el 23 de abril marcharán en su defensa. La provocación del presidente tendrá respuesta.
Tampoco sorprende ni desconcierta la incongruencia del presidente mexicano y su candidata, egresados de la UNAM. Los hechos son reveladores. Uno acusa a la institución educativa de haberse derechizado; la otra, le reclama austeridad republicana. Ambos soslayan a la universidad pública, sumida en parálisis financiera como todo el sistema escolar, visible en los propios documentos de la SEP. Veamos datos oficiales. “Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2022-2023” reporta una inversión nacional en educación con respecto al Producto Interno Bruto del 5.8 % en 2021, de 5.7 % en 2022 y 5.9 % en 2023. Dividida entre pública y privada, la inversión pública fue, en los mismos años, de 4.4, 4.2 y 4.4 %, respectivamente.
Contrastado con el periodo que el presidente López Obrador califica con insistencia como “neoliberal”, el financiamiento se estancó. De acuerdo con las “Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2018-2019”, la inversión pública con respecto al PIB fue de 4.5 % en 2017 y 4.4 % en 2018. O sea, conservadores y progresistas apuestan a la educación en proporciones semejantes. ¡Pobre país!
Insistamos: el gobierno de la 4T no está invirtiendo en educación más, ni mejor. No hay evidencias, ni datos que lo sostengan. Cuando el presidente de la proclamada Cuarta Transformación prometía una nueva era en la educación, los presupuestos lo desmienten.
Mientras la milicia y los proyectos prioritarios del presidente se riegan con recursos sin medida, en un terreno oscuro de ineficiencia y corrupción, el sistema educativo tiene la misma receta de siempre, empeorada: improvisación, escasa visión prospectiva, arrinconamiento, astringencia financiera.
Está claro: para el gobierno mexicano los proyectos pirotécnicos (aeropuerto Felipe Ángeles, refinería, tren Maya…) son la prioridad genuina; la educación, sólo demagogia y clientelismo. La consecuencia la pagarán con severidad las generaciones próximas.
Que un gobierno de derecha, como Milei, y otro de izquierda, como López Obrador/Sheinbaum, coincidan en su tiro al blanco contra las universidades públicas precisa más análisis. Son imperfectas y ameritan críticas, sin duda. Volveré.
