Bernardo Naranjo*
La iniciativa del Ejecutivo en materia educativa, presentada al Congreso de la Unión el pasado 12 de diciembre, incluye diversas modificaciones al Artículo 3o constitucional. Algunas parecen razonables y otras son discutibles, pero la propuesta de suprimir la obligación de que las plazas docentes se asignen por medio de un concurso de oposición, pone en riesgo la capacidad de la federación y de los estados para mejorar la calidad y mantener la gobernabilidad del sistema educativo.
Como era esperable y deseable, la iniciativa sugiere eliminar a la evaluación de permanencia de los docentes, para cuya implementación el sistema educativo no estaba suficientemente preparado. Sin embargo, en vez de suprimir la palabra “permanencia” del texto constitucional, suficiente para atender el compromiso presidencial, la iniciativa elimina todo el párrafo III, que incluye muchas cosas más: “…el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan…Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley…”.
Eliminar todo este texto dejaría los criterios para el ingreso y la promoción en las leyes secundarias. Si bien los concursos de oposición están actualmente regulados por la Ley del Servicio Profesional Docente, su previsible reforma o derogación dejaría la asignación de las plazas docentes bajo los criterios que la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado determina para todas las plazas del servicio público, y que se consignan en su Art. 62: “Las plazas de última categoría de nueva creación o las disponibles en cada grupo….serán cubiertas en un 50% libremente por los Titulares y el restante 50% por los candidatos que proponga el Sindicato.”. En suma, de aprobarse la iniciativa tal como se presentó, la asignación de plazas quedaría al criterio exclusivo de funcionarios estatales y líderes sindicales.
Volver a los esquemas de asignación de plazas que operaron por décadas en México, tendría consecuencias de la mayor seriedad para la calidad educativa, la valoración magisterial y la gobernabilidad de todo el sistema educativo.
La calidad educativa requiere que sean los mejores quienes ocupen las plazas docentes: por ello en los países con mejores sistemas educativos, la selección docente con criterios académicos está fuera de toda discusión. Así mismo, es muy extraño que en un sistema educativo que debe privilegiar sus objetivos académicos, se utilicen criterios distintos para tomar una de las decisiones más relevantes como la de asignar una plaza. Una buena decisión al asignar docentes beneficia a niños y jóvenes por al menos 30 años.
Promover la valoración del magisterio debe ser tarea permanente de la autoridad, y un aspecto que mucho dignifica es trabajar en un sistema regido por criterios académicos. Ahora bien, como en toda organización, el clima laboral y los resultados de la gestión serán siempre mejores si los maestros tienen una buena percepción de los procesos existentes. En los temas de evaluación docente, la evaluación de permanencia no encontró aceptación entre muchos maestros. Sin embargo, la percepción magisterial es favorable en el caso de los concursos de ingreso y promoción: en encuestas recientes, dos de cada tres docentes en servicio están de acuerdo con ellos, porcentaje que se eleva a 4 de cada 5 entre normalistas para el concurso de ingreso, y 9 de cada 10 para la promoción. En estas últimas cifras influye el que todos estos jóvenes ya ingresaron a sus estudios superiores en el entendido de que tendrían oportunidad para concursar una plaza. Decirles hoy a los normalistas que para obtener una plaza deberán buscar a un “padrino” o reunir $200 mil o $300 mil pesos, equivaldría a cometer un fraude hacia ellos.
Si el beneficio académico y la valoración magisterial no son suficientes razones para mantener los concursos de oposición, podemos referirnos también a las razones políticas: sin concursos de oposición no habrá un ambiente favorable para la gobernabilidad del sistema. No es necesario imaginar lo que puede pasar si se eliminan estos procesos, porque sabemos lo que ocurría hasta hace algunos años. Dejar el ingreso y la promoción a cada estado en su momento generó situaciones muy diferentes: ante el mandato legal de repartirse cada quien la mitad de las plazas, en algunos estados los funcionarios y líderes sindicales mostraron responsabilidad y compromiso con la educación para acordar concursos estatales de oposición con todas las plazas disponibles. En otros estados, una de las partes concursó las plazas y la otra parte dispuso de ellas como quiso. En otros más, autoridades y sindicatos utilizaron sus propios criterios y se observaron las prácticas más obsoletas: herencia de las plazas en el mejor de los casos, y enorme presencia de venta y renta de las mismas al mejor postor, a veces por dinero, a veces por toda clase de intercambios. Tristemente, estados que mostraban muy altos niveles de reto educativo con frecuencia tenían las prácticas menos académicas para asignar plazas. En todo caso, bajar los concursos de oposición de la Constitución obligaría a los gobiernos federal y estatales a negociar la asignación de plazas con todas las expresiones sindicales, lo cual sería un proceso largo y complejo durante todo el año.
Si todo esto no suena nada bien, los eventos recientes pueden derivar en escenarios más graves aún. La semana pasada la CNTE fue recibida personalmente por el Secretario de Educación Pública por ocho horas, según los reportes de prensa, y obtuvo ahí todo género de beneficios. Ello no moderará sus posturas (acaban de descalificar la actual iniciativa presidencial en materia educativa acusándola de ser “punitiva” y “neoliberal”, entre otras cosas), pero sí podría hacer cada vez más atractiva su oferta política ante sus agremiados, lo cual obligaría al SNTE a radicalizar sus posturas para no perder membresía. Sindicatos empoderados y radicalizados no representan un escenario fácil: las autoridades educativas federal y estatales tendrían que invertir mucho más tiempo y recursos para atender a los sindicatos de lo que han invertido hasta ahora, que no es poca cosa.
Por todo lo anterior, mantener los concursos de oposición en la Constitución no es capricho neoliberal ni agenda empresarial: es un cimiento para la calidad educativa, una forma de dignificar la profesión docente, y una necesidad para ofrecer a las autoridades las condiciones para que los temas académicos tengan el lugar que merecen en el sector educativo, y de evitar que éstos deban ser relegados, como ha ocurrido muchas veces, en aras de la gobernabilidad.
*Consejero de la Junta de Gobierno del INEE
